El programa Escuela 2.0, ese que por sorpresa anunció el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación el año pasado, obliga a aquellas comunidades que lo aplican a proporcionar ordenadores portátiles a alumnos de centros sostenidos con fondos públicos, sean éstos de titularidad pública o privada.

Hay que celebrar, primero de todo, el hecho de que Extremadura haya conveniado el programa, con la consecuencia de que todos los alumnos de primero de ESO tengan la posibilidad de acceder a los ordenadores. Quizás convenga añadir que esto no ha ocurrido en todas las comunidades autónomas, sino que por el contrario alguna como Madrid, Valencia o Murcia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular, no han aplicado el programa, en ocasiones con excusas tan peregrinas como que "los ordenadores producen miopía", como llegó a manifestar el Consejero de Educación de la Comunidad Valenciana. Una vez más se utiliza la educación como enfrentamiento político.

También habría que decir que Extremadura no tenía obligación de invertir en este programa, sino que podría haber aplicado los 3,2 millones de euros a sus propios programas de implantación de las TIC en los centros públicos. Lo ha extendido a todos los centros sostenidos con fondos públicos y esto ha originado la correspondiente polémica social y mediática.

Lo que se discute, en definitiva, es cómo se conjugan el derecho de las familias a la libre elección de centros, reconocido en el artículo 4 de la LODE, con la ordenación, planificación y financiación del sistema educativo público que corresponde a las administraciones autonómicas. Es decir, si el sistema de conciertos que establece la misma LODE alcanza únicamente a la enseñanza básica de calidad o, por el contrario, debe abarcar todos los planes, programas y proyectos que la Consejería de Educación gestiona en los centros públicos.

Esta cuestión, junto con el equilibrio entre las redes de centros públicos y concertados, constituye el meollo de la cuestión. Para aclararnos en este otro punto, las posiciones van desde las políticas educativas de alguna comunidad autónoma, y que resumida vendría a decir que se deben concertar todos los centros que puedan surgir de la iniciativa privada sin ningún límite, hasta la opinión recientemente expresada por la Consejera de Educación extremeña en el sentido de considerar la red de centros concertados subsidiaria de la de los centros públicos, o sea que sólo se debe concertar en aquellos lugares donde no existan centros públicos suficientes para atender la demanda de escolarización.

Ni que decir tiene que como primer sindicato de la enseñanza en España la posición de CCOO de Extremadura es de defensa convencida de la enseñanza pública, de que los conciertos deben limitarse al equilibrio actual de las redes, y de que otra interpretación del sistema de conciertos impediría nuestro apoyo al posible Pacto Político y Social por la Educación. Coincidimos por tanto con la firme posición de la Consejera de Educación en este importante asunto.

Volviendo a los ordenadores, está bien que la Consejería extienda la dotación de ordenadores a los centros sostenidos con fondos públicos, pero estaría aún mejor que hiciera un seguimiento y una evaluación de esa inversión en base a los objetivos educativos de nuestra región.

En cuanto a los centros concertados, lo del trato igualatorio debe matizarse convenientemente Sobre todo cuando se pretende un tratamiento igual al de los centros públicos en los programas de calidad, pero por otra parte los datos nos dicen, por ejemplo, que la escolarización de alumnos con necesidades educativas está desequilibrada, o se ponen trabas a los procesos de recolocación del profesorado, o se oponen a un sistema de selección del profesorado que cumpla los requisitos constitucionales de los empleos públicos. Vamos que lo tuyo es nuestro, y lo mío para mí.