Así lo indicaron estas asociaciones en nota de prensa, en la que denunciaron “la quiebra de seguridad jurídica” que supone, según ambas, cada intervención de la Comisión Europea en busca de un modelo de competencia que funcione en determinados mercados.

Al y ADECES recordaron que esta ausencia de modelo se traslada ahora al sector de la telefonía móvil, en el que se anuncia la discusión de una Recomendación que incluye el pago por recepción de llamadas, “en teoría para reducir los precios de terminación en las redes móviles”.  

Sin embargo, según manifestaron ambas asociaciones, está medida supondrá una pérdida de confianza de todos los implicados en el mercado, con las consecuencias que de ello se derivan, incluida la reducción de la tasa de penetración de la telefonía móvil. 

“Es la enésima vez que las autoridades comunitarias, seguidas de las nacionales, intervienen en los mercados para supuestamente mejorar su funcionamiento, olvidando que cada intervención que realizan evidencia en mayor medida la equivocación que cometieron en las decisiones anteriores”, aseveraron. 

AI y ADECES afirmaron que es “hora de denunciar esta permanente intervención y exigir responsabilidad y respeto a la seguridad jurídica, soporte, en un estado de derecho, de cualquier decisión en el ámbito social o económico”.

Estas asociaciones aseguraron que con este modelo, en el que el receptor soporta el precio de la llamada, habrá un descenso del uso del móvil, y la reducción del uso se verá agravada porque este sistema excluirá a los usuarios con menor nivel de rentas, que hasta ahora empleaban el móvil más para recibir llamadas que para realizarlas, efecto que se puede extender hacía los usuarios de tarjeta.

Las previsibles pérdidas de ingresos de los operadores, derivadas del menor uso y de la reducción de usuarios, según AI y ADECES, tenderán a ser compensadas reduciendo la subvención de terminales, cobrando servicios gratuitos y encareciendo otros servicios.