El pleno municipal celebrado ayer en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros estuvo nuevamente protagonizado por la refinería Balboa, gracias a una iniciativa presentada por IU acerca del desarrollo económico sostenible, una moción que fue rechazada por la mayoría socialista y que contó con el apoyo de los concejales del PP.

El pleno, que contó nuevamente con la presencia de ciudadanos detractores y partidarios tanto dentro como fuera del salón de sesiones, no contaba en el orden del día con ninguna iniciativa relacionada directamente con el proyecto industrial.

Sin embargo, la iniciativa defendida por el concejal de IU Ángel García calle solicitaba la declaración del término municipal de Villafranca de los Barros afecto al desarrollo económico sostenible, y en la que solicitaba que el ayuntamiento de la localidad se comprometiera con la defensa del medio ambiente "impidiendo la instalación de industrias contrarias a los acedos de Kioto o de aquellas empresas que puedan comprobar los derechos de emisión de CO2 al medio ambiente".

El concejal socialista Andrés Moriano expuso su rechazo afirmando que la moción carecía de "principio de solvencia, es incoherente en el grado". "Tenemos la seguridad de que no se instalarán aquellas empresas que se opongan a a las leyes, habría que renuncia a los productos de con sumo que procedan de industrias contaminantes pero que se adapten a las leyes". Asimismo, defendió que habría igualmente que "renunciar al consumo de gas o carburante o limitar el uso de cemento o alquitrán".

Moriano acusó al concejal de IU de proponer la moción para incluir el tema el tema de la refinería, y señaló que "no se pondrá ninguna empresa si éste no cumple con unas especificaciones incluidas en el protocolo de Kioto".

El concejal socialista reconoció que las refinerías contaminan, pero matizó que en los límites establecidos, como lo hacen las cooperativas, las carpinterías o una fábrica de heridas, y advirtió que existe un criterio establecido en a ley que determina las empresas que pueden o no instalarse.

García Calle acusó por su parte al concejal socialista y al grupo promotor de la planta industrial de realizar un "discurso falso" y que el modelo industrial que procuraría una refinería "no es el que necesita Villafranca".

El debate finalizó con la intervención del alcalde, Ramón Ropero, quien manifestó que el ayuntamiento no es el organismo competente para determinar si una industria es contaminante, y recordó al respecto que en el año 2005 había en España 1.045 empresas que no cumplían con el citado protocolo y que sin embargo recibieron la autorización correspondiente por parte del Gobierno de la nación.

Asimismo señaló que si el gobierno autoriza la construcción de una industria "de este tipo, yo las quiero, aunque se incumpla el protocolo de Kioto", pero "siempre que cumplan los requisitos de las leyes, porque de lo contrario sería prevaricación".