Estas operaciones han permitido esclarecer 300 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, la protección de la flora y fauna, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas, entre otros.

Las investigaciones se iniciaron paralelamente en las provincias de Cuenca y Zamora, cuando la Guardia Civil detectó una sucesión de robos de galgos de caza que en algunas ocasiones eran abandonados o sacrificados y en otras ocasiones carecían de microchip de identificación o permanecía inhabilitado.

Posteriormente, se tuvo conocimiento del robo de 10 perros en Cantimpalos (Segovia), algunos de ellos considerados los mejores de los campeonatos de esta modalidad y valorados en unos 18.000 euros.

Asimismo, en diversas provincias se localizaron varias personas con antecedentes en este tipo de hechos delictivos, que trasladaban a los perros en deficientes condiciones, en maleteros de turismos y con cortes bajo la oreja izquierda del animal.

En el curso de las operaciones desarrolladas por las Comandancias de Cuenca y Zamora se investigaron y esclarecieron hechos delictivos cometidos en las provincias de Albacete, Alicante, Badajoz, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, Madrid, Murcia, Palencia, Sevilla, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza, con el fin de determinar la existencia de una organización detrás de todos estos robos.

Tras determinar todas las conexiones entre los integrantes de las dos organizaciones investigadas y localizar los puntos donde podrían encontrarse éstos y los animales sustraídos, la Guardia Civil estableció un dispositivo coordinado con las Comandancias de las provincias afectadas que permitió la detención de 40 personas y la recuperación de 226 galgos, 46 palomos de competición, 11 gallos de pelea y 2 loros.

Según destaca el Cuerpo de Seguridad, en los 48 registros realizados se intervinieron más de 300 documentos caninos, microchips y jeringuillas de uso veterinario para inserción de microchips.

Igualmente, se han incautado de 2 armas cortas, 1 carabina y 1 caja con 50 cartuchos de 9 mm, 1 escopeta de cañones recortados, 1 escopeta con numeración borrada, 10 plantas de Marihuana, un triturador y basculas; así como, palomos de competición y gallos de pelea.

Modus operandi

Los integrantes de estas organizaciones contaban con intermediarios que seleccionaban a los mejores animales y se desplazaban a los puntos donde se celebraban las ferias, concursos, mercados, etc., para intentar conseguir perros con excelentes cualidades para la competición.

Una vez seleccionado el objetivo, intentaban realizar la compra a sus dueños y ante la negativa de los propietarios a realizar la venta, recababan los datos necesarios para el seguimiento y localización del animal, con el fin de sustraerlos.

Para cometer el robo empleaban fuerza y en algunos casos intimidaban a sus dueños y los amenazaban para que no denunciaran el hecho.

Estas tareas suponían en no pocas ocasiones el traslado de algunos componentes de la organización desde sus lugares de residencia a otras Comunidades Autónomas, ya que, entre otros motivos, por alguno de los perros sustraídos se podía llegar a pagar hasta 30.000 euros.

Una vez sustraídos, los perros más cualificados eran destinados a la competición, venta o apuestas ilegales y los menos aptos eran sacrificados o utilizados como "sparring" para entrenar perros de pelea.

Para anular el sistema de identificación en los microchips, procedían a su extracción mediante un pequeño corte en la oreja. A continuación le implantaban el microchip de otro legalmente adquirido, pero con escasas cualidades para la competición.

Otro grupo de personas facilitaba a la organización lugares donde dejar los perros sustraídos un tiempo prudencial y así dificultar su localización, por lo que a cambio obtenían parte de la descendencia resultante de los cruces entre los animales.