Para el Secretario de Comunicación de IULV-CA, "la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía debería sumarse también a esta petición tan lógica, pues hablamos de un proyecto de más de 5.000 páginas y más de 200 planos, distribuidos en catorce tomos. La Consejería juega con ventaja, pues tiene sus propios técnicos para que le formulen sus alegaciones, pero las organizaciones sociales y políticas y los propios municipios andaluces afectados no tienen los mismos medios".

IULV-CA solicitó el pasado sábado al Defensor del Pueblo Andaluz que mediara para que la Administración General del Estado ampliara el plazo de información y de alegaciones del mínimo de 30 días a 90 días y que se les facilitara el proyecto completo en formato digital para poder trabajar con más comodidad y eficacia.

En sendos escritos remitidos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Estatal, el Defensor del Pueblo Andaluz asumió los argumento de IULV-CA al reconocer "que la documentación sometida a información pública resulta tan extensa y compleja que un plazo de 30 días podría no resultar suficiente para garantizar el ejercicio del derecho a la participación, que entendemos reviste especial importancia en asuntos de índole medioambiental y de gran trascendencia, como ocurre en el presente supuesto."

Asimismo, el Defensor argumentó que, en virtud de lo previsto en al apartado tercero del artículo 6 del Convenio de Aarhus, ratificado por España el 29 de diciembre del año 2004, para las diferentes fases del procedimiento de participación, "deben establecerse plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que éste se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia medioambiental"

Finalmente, Pérez Tapias se congratuló de que las principales organizaciones ecologistas de Andalucía se sumaran a su iniciativa en la reunión que mantuvieron el pasado lunes con el Defensor del Pueblo Andaluz.