El Secretario de Comunicación de IULV-CA y representante del Grupo Parlamentario en la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, José Luis Pérez Tapias, ha agradecido al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y al Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, "que hayan aceptado con una rapidez ejemplar, digna de elogio, su solicitud de mediación ante la Administración General del Estado para que ésta amplíe el plazo de alegaciones al proyecto del oleoducto y de la Refinería Balboa."

"Ahora -manifestó Pérez Tapias- la decisión está en manos del Gobierno central. Si Zapatero se cree de verdad el discurso de la transparencia y de la participación pública en los asuntos medioambientales debe ser consecuente ampliando el plazo desde el mínimo de 30 días que se establece en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental hasta los 90 días. Y debe facilitar algo tan elemental y barato en la sociedad tecnológica en la que vivimos como una copia del proyecto en formato digital".

Para el Secretario de Comunicación de IULV-CA, "la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía debería sumarse también a esta petición tan lógica, pues hablamos de un proyecto de más de 5.000 páginas y más de 200 planos, distribuidos en catorce tomos. La Consejería juega con ventaja, pues tiene sus propios técnicos para que le formulen sus alegaciones, pero las organizaciones sociales y políticas y los propios municipios andaluces afectados no tienen los mismos medios".

IULV-CA solicitó el pasado sábado al Defensor del Pueblo Andaluz que mediara para que la Administración General del Estado ampliara el plazo de información y de alegaciones del mínimo de 30 días a 90 días y que se les facilitara el proyecto completo en formato digital para poder trabajar con más comodidad y eficacia.

En sendos escritos remitidos a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al Defensor del Pueblo Estatal, el Defensor del Pueblo Andaluz asumió los argumento de IULV-CA al reconocer "que la documentación sometida a información pública resulta tan extensa y compleja que un plazo de 30 días podría no resultar suficiente para garantizar el ejercicio del derecho a la participación, que entendemos reviste especial importancia en asuntos de índole medioambiental y de gran trascendencia, como ocurre en el presente supuesto."

Asimismo, el Defensor argumentó que, en virtud de lo previsto en al apartado tercero del artículo 6 del Convenio de Aarhus, ratificado por España el 29 de diciembre del año 2004, para las diferentes fases del procedimiento de participación, "deben establecerse plazos razonables que dejen tiempo suficiente para informar al público y para que éste se prepare y participe efectivamente en los trabajos a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones en materia medioambiental"

Finalmente, Pérez Tapias se congratuló de que las principales organizaciones ecologistas de Andalucía se sumaran a su iniciativa en la reunión que mantuvieron el pasado lunes con el Defensor del Pueblo Andaluz.