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Mérida
Vargas califica de "sinvergonzonería" la funcionalización de personal fijo del Ayuntamiento
Alicia Mendo   
02 dic 2008 actualizado 17:07 CET :: Leído 132 veces
.Pilar Vargas
.Pilar Vargas
La portavoz Grupo Municipal Popular (GMP), Pilar Vargas, denunció a al alcalde de Mérida, Ángel Calle de acabar con el derecho de los emeritenses de optar a obtener una plaza de funcionario en el Ayuntamiento porque se funcionalizará a 230 personas que ya forman parte de la plantilla fija del mismo.

En este sentido, Vargas calificó de “escándalo” y “sinvergonzonería” y que por lo tanto, el GMP llevará a los tribunales de nuevo al equipo de gobierno, “para que una y otra vez” le den la razón por los efectos del “rodillo del gobierno Calle”.

Respecto al ahorro que iba a suponer esta funcionalización de los personas laborales del Ayuntamiento, que iba a ser de aproximadamente 275.000 euros, Vargas subrayó que está “lejos de la realidad”, porque los costes sociales y de la Seguridad Social del personal laboral fijo y el coste social sociales y de la Seguridad Social del personal funcional, del Ayuntamiento de Mérida, “es exactamente el mismo” y que la única diferencia de costes se da con el personal temporal.

La portavoz popular declaró que este proceso está pensado no sólo para “cargarse la  igualdad, mérito y capacidad, con lo que cuesta estudiarse una oposición y sacarse una plaza”, sino que favorece a “sus amigos”, y “deja de lado a todos los demás que ya llevan tiempo o bien estudiando o preparándose una oposición o bien empezarlo porque la cosa está muy mal y va a ir a peor”, insistió.

Asimismo, Vargas aseguró que esto se está realizando por parte del equipo de gobierno para por un lado cargarse la Oferta Pública de Empleo, porque 45 puestos de funcionarios “se amortizaban, es decir no van a salir”, acusó.

Además, Vargas manifestó que de esta manera se le otorgan unos derechos a esos trabadores fijos del Ayuntamiento “que no tienen porque no van a pasar por ninguna oposición”.

 Según Vargas, se les realizará un curso obligatorio y un Tribunal le hará una prueba para saber si es válido o no, para desempeñar el puesto que está realizando. La popular señaló que este procedimiento se hace a los secretarios particulares de los concejales, con el fin de que llegan a obtener la jefatura, “mermando así la posibilidad a los funcionarios de carrera del Ayuntamiento, que sí se han sacado una oposición”, afirmó.
“El gobierno Calle se salta la ley a la torera cada vez que le da la gana”, aseveró.

ALEGACIONES A LAS ORDENANZAS


La portavoz popular afirmó que van a presentar alegaciones a las ordenanzas, en cinco cuestiones. En primer lugar, acerca de la subida del billete de autobús, se muestran “contrarios” porque cuando el PP gobernaba en la última legislatura “no se subió ni un solo céntimo y se propuso la gratuidad de los autobuses siempre que la Junta de Extremadura pagase las deudas que tiene con el Ayuntamiento, “que todavía no nos ha pagado todo lo que nos debía”.

Además, solicitarán que dentro de las exenciones que existen, se presenten una que todos aquellos que tengan una minusvalía de cómo mínimo, tengan la misma exención del 65 por ciento ya que es el porcentaje de minusvalía que desgrava en Hacienda. También pedirán que no se produzcan subidas en el IPC, y acusó de “ficticio” de un 4,9, pero Vargas informó que el IPC de octubre era del 3,6 por ciento según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En segundo lugar, presentarán alegaciones respecto al Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) porque este impuesto grava la realización de cualquier construcción y obra para la que sea necesaria una licencia urbanística y “a Calle se le ha olvidado ponerle el tipo impositivo”. “No sabemos cuánto nos va a costar” pero expuso que hay una Ley del año 2003 que dice que el tipo impositivo tiene que tener un límite máximo fijado del 4 por ciento, “y así se lo vamos a exigir al señor Calle que tan poco respecto le tiene a las leyes”, avisó.

En tercer lugar, Vargas advirtió que no se prevé ningún tipo de bonificación para que las empresas químicas, solares y fotovoltaicas para que vengan a Mérida a construir su empresa y general puestos de trabajo. “No se le llaman a los empresarios”, anunció.

En cuarto lugar, con respecto al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mencionó que se realiza un incremento del tipo milesimal, de 832 milésimas de tantos por cientos urbanos, y en la rústica un 1,27 por ciento. Desde el GMP proponen que la bonificación del 50 por ciento sobre bienes inmuebles, que afirmó que ya pidió el PP el año pasado, “que como la han hecho con truco, que deshagan la trampa” porque esa exención del impuesto no podrá ser inferior a 300 euros o al 80 por ciento de la construcción. “Todos los emeritenses, sean cuales sean nuestras circunstancias vamos a tener que pagar a las arcas municipales, para pagar los caprichos del señor Calle”, aseguró.

En quinto y último lugar, sobre la tasa de abastecimiento de agua potable, Vargas informó que estuvo congelada por cuatro años y ahora se sube un 4,05 por ciento, “sin justificación ninguna”. Además, Vargas anunció que el equipo de gobierno propuso subidas del IPC progresivo que haya en años sucesivos, por lo que puede haber más subidas, “y que no sea el  IPC más conveniente para ellos, sino para los emeritenses”, manifestó.

PAPEL DEL ALCALDE EN EL TRIBUNAL DE LA POLICÍA LOCAL

Respecto a la noticia que aparece en la prensa escrita de la denuncia de los sindicatos al alcalde por presidir el Tribunal de la Policía Local para las 14 plazas de  Policía, Vargas acusó al alcalde también de intentar poner a “sus amigos” funcionarios al frente de las los tribunales seleccionadores para entrar a gente en el Ayuntamiento.

Así, Vargas recordó que también reclamó que lo mismo se hizo con puestos de la Ciudad Deportiva, como el director gerente, el director deportivo y dos plazas de ATS, “en las que hubo personal de confianza”, dijo.

En relación a este tema, y en respuesta a la aclaración por parte de una periodista de que esta cuestión ya fue respondida por Calle en rueda de prensa, en donde el alcalde informó que quien decidió su participación en este proceso fue la Junta de Extremadura



 

 
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