En concreto, IU propone que los desempleados con cargas familiares, sus cónyuges e hijos menores de edad no emancipados disfruten de la gratuidad de los servicios municipales de transporte, así como del acceso y disfrute de las instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento de Mérida, y a los espectáculos y actividades culturales, de ocio y tiempo libre financiadas por el ayuntamiento.

Reclama además la exención del 100 por ciento en el Impuestos sobre Bienes Inmuebles, basura y agua para aquellos parados con cargas familiares que perciban una prestación o subsidio de desempleo inferior al salario mínimo interprofesional y en cuya unidad familiar no se perciba otra fuente de ingresos.

También propone la revisión de los diferentes tributos y precios públicos cuya regulación es competencia del Ayuntamiento de Mérida "para la inclusión de cláusulas de progresividad que garanticen la correspondencia entre el tipo de gravamen y la capacidad económica del sujeto pasivo".

Y es que, según destaca IU, los desempleados suponen uno de los colectivos "que pueden llegar a sufrir con más crudeza los efectos del actual marco económico", por lo que considera que las administraciones "deben garantizar ante todo la continuidad del bienestar de sus ciudadanos".

Así, y aunque IU reconoce que la aplicación de estas medidas "pueden suponer un desembolso importante para la economía de un municipio", considera que "la capacidad de endeudamiento de las administraciones públicas es muy superior a la de los particulares".

En este contexto, IU Mérida señaló que "la responsabilidad -por acción u omisión- sobre la marcha de la economía recae sobre los poderes públicos", por lo que a su juicio son las administraciones las que "deben tomar las medidas más adecuadas para aminorar los efectos de la crisis sobre la estabilidad económica de las familias".