La portavoz del Grupo municipal popular en Mérida, Pilar Vargas

Pilar Vargas, portavoz del Grupo Municipal Popular, solicitó hoy al alcalde de Mérida, Ángel Calle, que cancele de forma "inmediata" la consulta popular que el Consistorio ha convocado para el próximo martes 6 de noviembre con el objetivo de que los ciudadanos decidan si prefieren declarar día de fiesta local en 2008 el martes de carnaval o el martes de feria.

Para Vargas, esta consulta es no sólo "engañosa", sino, lo que es "más grave", "ilegal e inconstitucional".

En primer lugar, la propuesta requiere ser respaldada por "mayoría absoluta" una vez sea elevada a Pleno. Es entonces cuando el Pleno solicita al Gobierno de la Nación la autorización correspondiente para celebrar la consulta, que sólo sería factible una vez el Ayuntamiento reciba la autorización expresa del Gobierno Central. "Ninguno de estos requisitos se ha cumplido", apuntó.

Por otro lado, tal y como señaló la portavoz popular, la referida consulta "vulnera" el vigente Reglamento de Participación Ciudadana de Mérida, de 9-6-2006, y concretamente sus artículos 19, 20 y 21, pues la consulta exige acuerdo por mayoría absoluta del Ayuntamiento pleno y el cumplimiento de la legislación estatal.

Pero lo que a juicio de Vargas "agrava" aún más la situación es el hecho de que el Gobierno Local se sirva del censo electoral, los funcionarios municipales o los locales del Ayuntamiento para convocar una consulta popular "disfrazada" de encuesta o sondeo de opinión, en un "claro fraude de Ley".

Responsabilidades civiles y administrativas

Pilar Varagas, portavoz del GMP en el ayuntamiento de Mérida

La Ley Orgánica 2/2005, de 22 de junio, que derogó dicho precepto reitera la "ilegalidad y la gravedad" de estas convocatorias, al expresar: "Así, el ejercicio de las potestades de convocar o promover consultas por quien no las tiene legalmente atribuidas es perfectamente controlable por vía diferentes vías a la penal".

De ahí que el GMP exija la "inmediata" cancelación de esta "ilícita" convocatoria, anulándola por ser contraria a la Constitución, a las Leyes y a los Reglamentos, con "abierta vulneración" de los derechos y garantías de la participación ciudadana y la consulta popular, "invadiendo" competencias del Gobierno de la Nación, "ignorando" el procedimiento legalmente establecido y "despreciando las más elementales reglas democráticas".

En caso de que el Gobierno Municipal decida continuar con la convocatoria, Vargas anunció que el GMP acudirá a los Tribunales para exigir responsabilidades civiles, administrativas y, en todo caso, políticas.