CC.OO. tacha de "falsas, insidiosas y malintencionadas" las declaraciones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Mérida sobre el despido del trabajador de la Empresa Municipal de Transportes de Mérida, utilizando la "mentira" para desprestigiar a un trabajador y acusándolo de hechos que el Juzgado de lo Social, según explica el sindicato, no ha admitido por falta de prueba.

El sindicato, según indicó en nota de presa, admite, de acuerdo con la Sentencia del Juzgado de los Social, que el despido es "improcedente", y que por ello "o se le indemniza o se le readmite", considerando la última opción la "más adecuada" por tratarse de una empresa pública, que no gestionan dinero propio sino dinero de todos los ciudadanos de Mérida.

"Es inadmisible que un equipo de Gobierno justifique sus actos con mentiras tales como que un trabajador contratado desde el año 92 en la empresa no sabe parar un autobús, o aduciendo amenazas al Gerente de la Empresa, que no han podido demostrar simplemente porque no han tenido lugar.", informó.

Respecto al dinero de todos los ciudadanos emeritenses, que tendrá que gastarse el ayuntamiento como consecuencia de este despido, basado en "mentiras y falsas" acusaciones por parte del gerente de la empresa, se calculan en 26.000 euros de indemnización más 14.000 euros de salario de tramitación, y los seguros sociales con el recargo correspondiente.

De este modo lo que consigue el ayuntamiento, a juicio del sindicato, "amen de despilfarrar" dinero público, es "descapitalizar el corazón" de la empresa pública que son los propios trabajadores.

Finalmente, consideró "contradictorio" que el equipo de Gobierno quiera afrontar ese gasto y "descuide" sin embargo la vigilancia de la Algodonera o del Aparcamiento "Hernán Cortés", donde se han sucedido en estos días varios robos de vehículos, y cuya gestión corresponde también a la Empresa Municipal de Transportes.

Por lo que el sindicato se cuestionó si no sería "más conveniente" que el equipo de Gobierno despidiera al gerente de dicha Empresa por su "negligente gestión", en lugar de ocuparse del despido de un trabajador "que cumple y que un Juzgado ha declarado improcedente".