La Junta dice que la instalación de la planta de residuos de Vegas Altas dependerá del informe técnico correspondiente.

Upa-Uce de Extremadura, la Plataforma Ciudadana de Vegas Altas contra Resisuos Tóxicos, Adenex y Seo-Birdlife denunciaron hoy ante los medios de comunicación el proyecto de un aplanta de residuos tóxicos en la “cabecera” de las Vegas Altas, que tratará al año 25.000 toneladas de estos residuos.

Así lo manifestaron representantes de estas organizaciones, que informaron de que el proyecto, para el que presentaron entre 200 y 300 alegaciones desde el comienzo de su gestión en 2006, lo está debatiendo actualmente la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente para su aprobación o no.

Un representante de la Plataforma Vegas Altas, Francisco Suero, apuntó que “no están de acuerdo” con este proyecto porque Extremadura no es una comunidad que produzca tantos residuos tóxicos, lo que significa que se “traerán de otras regiones españolas y europeas, tratándose en esta planta alrededor de 195 tipos de residuos tóxicos y aproximadamente 25.000 toneladas al año”.

Además, añadió que desde que se comenzó a gestionar la planta en 2006, ha habido “secretismo”, aspecto que también apoyó un representante de Adenex, Antonio Gentil, quien matizó que se trata de un proyecto que “no refleja transparencia”, ya que han tenido “muy poca información al respecto”.

Por su parte, un miembro de Seo-Birdlife, Marcelino Cardalliaguet, subrayó que el informe del proyecto, realizado por la empresa promotora, presenta “deficiencias” como las relativas al impacto ambiental de la planta porque los residuos se enterrarían sin pasar antes por ningún tipo de reciclaje, y “deficiencias” en torno a su ubicación.

En relación a su ubicación, otro miembro de la Plataforma Vegas Altas, José Quintín, destacó que al pueblo de Campo Lugar se le “ha borrado del mapa en este informe”, debido a que “estaría a dos kilómetros de la planta y la ley exige que al menos se encuentre a cinco kilómetros de cualquier casco urbano”.

El secretario regional de Upa-Uce Extremadura, José Cruz, se centró en los aspectos perjudiciales del proyecto, mencionando que donde se va a ubicar la planta hay 56.000 hectáreas de regadío y se encuentran los cultivos “emblemáticos” tales como las frutas, el arroz y tomates, además de “grandes” proyectos agrícolas y ganaderos.

Todos coincidieron en afirmar que si este proyecto sigue adelante “emprenderán acciones judiciales contra los promotores e incluso contra la Junta de Extremadura”, ya que “no están solos”, sino que cuentan con el apoyo de todos los pueblos de la Mancomunidad de Vegas Altas, cooperativas, ciudadanos, agricultores y ganaderos.

INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE

Por su parte, la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente se mostró  sorprendida ante las declaraciones realizadas hoy por estas organizaciones, dado, según señaló, el citado proyecto se encuentra todavía inmerso en el proceso administrativo previo a la resolución definitiva.

Por ello, desea poner de manifiesto que la administración está obligada a cumplir, con "todas las garantías", la normativa de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y de Autorización Ambiental Integrada.

El proyecto de la planta de residuos de Campo Lugar, dice, se encuentra en audiencia pública, fase en la que los interesados o personas afectadas pueden presentar las alegaciones que estimen oportunas. "Y sólo una vez concluido este período, y analizadas todas las alegaciones, los técnicos emitirán una propuesta de resolución", apostilla.

La consejería respondió así a las acusaciones vertidas hoy por representantes de las referidas organizaciones,  sosteniendo que son "precipitadas", y suponen de antemano unos resultados sin que esos trabajos previos hayan finalizado y subraya que sería una "ilegalidad", además de una "irresponsabilidad" de la administración, el "rechazar o aceptar la instalación de una empresa sin evaluar antes los proyectos".

Asimismo, la consejería calificó de "lamentable" que estas asociaciones y organizaciones, "conocedoras del funcionamiento de la administración", "intenten crear una alarma innecesaria" en la sociedad con unas declaraciones en las que "se pone en duda la labor y el trabajo de los funcionarios", al presuponer que los posibles residuos serían "enterrados sin pasar por ninguna evaluación o proceso de reciclaje", cuando la normativa exige un tratamiento previo para eliminar cualquier posible toxicidad de los mismos.