Tal y como explica la Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo, el origen del Convenio de Aarhus, hay que buscarlo en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, y parte del reconocimiento de que "todas las personas tienen el derecho a vivir en un medio ambiente que les permita garantizar su salud y bienestar". Junto a ese derecho, "tienen también el deber, tanto individualmente como en asociación con otras, de protegerlo y mejorarlo en interés de las generaciones presentes y futuras".

La Plataforma Contra la Contaminación de Almendralejo, en un comunicado, señala que ha podido "constatar, y sufrir", que el Reino de España, y "más concretamente la Comunidad Autonómica Extremeña y los Ayuntamientos que la componen, han incumplido en prácticamente todas sus actuaciones los tres principios básicos del Convenio". "El derecho de acceder a la información ambiental, el de tomar parte en las decisiones sobre el medio ambiente o con efecto en el mismo y el derecho de acceder a la justicia", señala.

Por ello, Plataforma señala que decidió realizar un informe sobre este "incumplimiento", tomando algunos casos prácticos como ejemplos, y que en el informe se incluyeron copias de los documentos que mostraban la veracidad de lo denunciado.

El día 18 de febrero de 2009 se remitió al Comité de Cumplimiento del Convenio. El 7 de mayo el Comité comunica a la Plataforma que, "habiendo considerado la admisibilidad de la comunicación en su reunión vigésima tercera (30 de marzo - 3 el abril del 2009), en una base preliminar ha determinado admitirlo". También, se informa que se remite la queja al Ministerio de Medioambiente para que realice las alegaciones que estime oportunas.

Para la Plataforma, esta admisión "es muy importante", teniendo en cuenta que desde 2004, primer año del cual hay información de las quejas aceptadas por el Comité, "solamente ha admitido 37 de toda Europa".

La Plataforma considera de "importancia capital" que la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sea consciente de los "reiterados incumplimientos" al Convenio, que ha generado "un estado de conflictividad social intolerable". "Que las asociaciones son menospreciadas. Que los ciudadanos son perseguidos, insultados, criminalizados..., simplemente por intentar cumplir con el derecho-deber establecido en él".

Los miembros de la Plataforma concluyen que es "imprescindible" que se modifique la Ley 27/2006, de 18 de julio, de forma que el derecho a la justicia gratuita para las organizaciones que en sus estatutos tienen como uno de sus fines la defensa del medioambiente, sea establecido de forma "clara y precisa", para que se impida, "como ocurre en la actualidad", que se le pueda dar una interpretación jurídica contraria al espíritu de la norma.

"Sin un acceso gratuito a la justicia, todo el Convenio queda en papel mojado, pues una vez agotado el procedimiento administrativo, no hay ninguna vía para recurrir las decisiones de la administración que por acción u omisión incumplan lo establecido en él", señala la Plataforma.

Además, esperan que los gobiernos locales y regionales tomen nota y empiecen a trabajar para hacer efectivo los tres principios de Aarhus acordados por toda la comunidad internacional.