En este sentido, el delegado en Extremadura de la Asociación de Consumidores y Usuarios AUSBANC, Juan Luís Picado, ha informado que el día 16 de enero, en el Juzgado de Primera Instancia de Cáceres, el “valiente” magistrado titular, Joaquín González Caso, dispuso la ejecución forzosa del anterior auto el 11 de julio de 2008, y adoptó, a instancia de AUSBANC, una serie de medidas para que se adopten y se leven a “puro y debido” efecto. Esta resolución es “firme, irrevocable y de obligado cumplimiento”.
Estas medidas establecen poner a Telefónica multas coercitivas de 60.000 euros mensuales, así como acordar medidas de intervención necesarias, incluida la entrada y registro, para encontrar los datos precisos de los usuarios afectados y proceder a la ejecución de lo acordado a su costa. La última de estas medidas es proceder, por un delito de desobediencia grave, contra el o los responsables a la negativa del cumplimiento de estas resoluciones judiciales.
Asimismo, Picado ha indicado que esta resolución es la ejecución forzosa del anterior auto de julio, y que supone un “hito histórico” al ser la primera vez que una operadora “tan fuerte y potente” como Telefónica, expone a la luz pública el comportamiento tan “sumamente cerril”, no solo al comportamiento de lo que dice la norma, sino también de lo que establecen los tribunales de justicia.
Del mismo modo, Picado ha denunciado que la multinacional ha pretendido cumplir el auto de julio, “a su modo”, de la manera “más rácana posible”, con la publicación en diarios regionales de dos anuncios “pequeñitos” en los que transcribían el texto literal que AUSBANC pedía. Este cumplimiento no es más que un “incumplimiento manifiesto”, y por ello, la asociación pidió estas medidas forzosas.
Actualmente, Telefónica esta remitiendo cartas en las que informan lo que el Juzgado de Primera Instancia les ha obligado a decir. Sin embargo, Picado ha señalado que no les consta que todos los usuarios hayan recibido esta carta.
Por tanto, ha afirmado que la seguirán adelante con la reclamación judicial, solicitando las indemnizaciones automáticas que corresponden a los usuarios porque lo marca la normativa.
ANTECEDENTES DE ESTOS HECHOS
Los usuarios extremeños de la multinacional española sufrieron cortes de suministro en los servicios de telefonía fija, telefonía móvil y ADSL, en los días 19 de octubre, 29 de noviembre y 21 de diciembre de 2007, que afectaron aproximadamente a 900.000 usuarios. Según marca la normativa, el Real Decreto 424/2005, establece que cada uno de los usuarios debía recibir una indemnización automática por el hecho de sufrir estos cortes de suministros que los mantuvieron incomunicados.
En este sentido, se solicitó a Telefónica, en dos ocasiones, que acreditasen que habían indemnizado a los usuarios afectados por estos cortes, a lo que contestaron que habían procedido a abonar las cantidades correspondientes.
La compañía no acreditó “de ningún modo” estas indemnizaciones, por lo que AUSBANC presentó unas diligencias preliminares, 425/2008, frente a las que se opuso “frontal y radicalmente” Telefónica, y que fueron estimadas en su totalidad mediante auto de 11 de julio de 2008.
Este auto obligaba a Telefónica a informar, de manera individualizada y personal, a cada uno de los usuarios afectados, que tenía derecho a una indemnización, y que por tanto AUSBANC iba a demandarla, exigiendo el pago de estas indemnizaciones.
ACTITUD “CÍNICA” DE TELEFÓNICA
Por otro lado, Picado ha criticado la actitud “prepotente”, “cínica”, y “en absoluto favorable” al cumplimiento de la normativa, que le ha obligado a AUSBANC a pedir esta ejecución forzosa.
Por estos motivos, AUSBANC ha solicitado a los usuarios que se movilicen y reclamen, porque recibirán el apoyo de esta asociación, así como de los jueces, que han recogido las peticiones legitimas que se han puesto ”encima de la mesa”.
También ha querido hacer un llamamiento a la administración publica para que potencien los mecanismos con los que cuentan para que la materia de consumo se desarrolle de manera efectiva y que los consumidores vean reforzados los instrumentos para poder reclamar y ejercitas sus derechos. Además, ha calificado como “triste”, que una multinacional tan potente como Telefónica, obligue a una asociación a desplegar todas las acciones judiciales que la ley permite, para informar a los usuarios de sus derechos y las pautas para reclamarlos.
Igualmente, ha recordado que en unos días se llevará a cabo un paro judicial, para reclamar un cambio en el sistema judicial del país, por lo que ha lamentado actitudes tan “cicateras” con la de Telefónica, que no ayudan a que los tribunales puedan tener agilidad, al tener que atender casos como estos, y no cumplir con el mismo tiempo otras cuestiones que a nivel penal pueden ser más graves.