Ángel Franco y Dolores Pallero durante la comparecencia en rueda de prensa

Ángel Franco recordó que el 1 de abril se constituyeron, por acuerdo del Consejo de Gobierno, las Comisiones Mixtas de transferencias para asumir el traspaso de medios materiales y económicos de los Centros de Atención Psiquiátrica que vienen gestionando las diputaciones de Badajoz y Cáceres.

Además, añadió que se les comunicó que tenían un plazo de tres meses para lograr un acuerdo, ese plazo terminó el 30 de junio y ese mismo día el Consejo de Gobierno aprobó dos decretos por los que se materializó ese traspaso de medios personales, económicos y materiales de cada uno de los dos hospitales psiquiátricos a la Junta de Extremadura.

El consejero también señaló que para facilitar el traspaso y hacerlo de la forma más ordenada posible, se ha establecido un período transitorio de seis meses, que culmina el 31 de diciembre de 2008, tiempo en el que las Diputaciones siguen gestionando la organización de estos dos hospitales, teniendo en cuenta de que se está en época estival, en la que los empleados públicos de estos centros empiezan a tomar vacaciones, y que las normas de acceso a la función pública difieren en algunas cuestiones.

En este sentido, indicó que en este período transitorio se van a respetar las normas que venían aplicando las Diputaciones, de forma que en estos seis meses se pueda hacer una integración del personal en los ámbitos del Servicio Extremeño de Salud (SES) o de la propia Administración General en el ámbito de la Atención a la Dependencia, previa negociación con los representantes de los trabajadores,.

“Mantenemos el compromiso de que ningún trabajador va a percibir menos retribuciones que hasta el momento, y de que la movilidad va a ser en cualquier caso voluntaria”, afirmó Ángel Franco

En cuanto al coste efectivo que precisa cada uno de los decretos, el consejero informó de que es de 14.378.000 de euros anuales para el Centro Psiquiátrico de Mérida y de 16.416.000 de euros para el de Plasencia, un coste efectivo que incluye la totalidad de los gastos, aunque resaltó que una buena parte ya los venía sufragando la propia Junta en virtud de los convenios que se habían ido formalizando con anterioridad, como el de atención a los pacientes agudos y a la farmacia hospitalaria.

Al respecto, Ángel Franco apuntó que a partir de este coste efectivo se plantea una senda de reducción de ese traspaso de medios económicos de las Diputaciones hacia la Junta, basado en que el número de pacientes se va a ir reduciendo con el paso del tiempo por cuanto los hospitales del SES ya tienen todos unidades de atención psiquiátrica.

De este modo, ambas partes convinieron que esa reducción y ahorro “aparente” que van a obtener las Diputaciones, que es del IPC anual más el cinco por ciento hasta llegar a un límite del 40 por ciento, se va a destinar a cofinanciar a partes iguales entre la Junta y las Diputaciones inversiones municipales en los Ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes.

A preguntas de los periodistas sobre la problemática existente en la equiparación de salarios en los puestos que realizan funciones iguales, el consejero anunció que la Junta acordó con los propios representantes de los trabajadores que el proceso de esos seis meses lo tienen que dedicar fundamentalmente a decidir que personal es estrictamente sanitario y cual entraría en el ámbito sociosanitario.

En ambos casos, subrayó Ángel Franco, habrá un proceso de acercamiento y homologación respecto a las retribuciones que se perciben en cada caso, aunque afirmó que “no puede haber equiparación total porque las funciones no son iguales, aunque sí parecidas”.