Así lo manifestó la Junta en una nota de prensa en la que respondió a las declaraciones vertidas hoy por la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Herrera, quien calificó la política del Gobierno regional en la aplicación de la Ley de Dependencia de “pasotismo, dejadez, parálisis y parcheo”, debido al retraso, por un lado, de la valoración de las personas dependientes, y por otro, en el pago de las prestaciones que recoge la Ley a aquellas personas que ya han sido valoradas y que se les ha determinado la prestación a la que son merecedoras.

Según el Ejecutivo autonómico, una de las características que determinan la diferencia que existe entre los servicios prestados a través de esta Ley es, precisamente, la calidad en la que estos se basan y, para ello, ayudas como las prestaciones económicas deben cumplir una serie de requisitos que aseguren, “de manera clara y transparente”, que la persona en situación de dependencia está recibiendo los cuidados específicos que necesita y con la obligada calidad en la prestación de los mismos.

Una vez que el beneficiario acepta la prestación económica que se le designa y entrega la documentación necesaria para poder recibir la ayuda, existe un proceso de intervención y fiscalización, que asegura la transparencia del proceso y el uso adecuado de los fondos económicos de la región.

En este sentido, la Administración admitió que se producen algunos casos de demora en dicho proceso, que se deben principalmente a motivos de retrasos en la entrega de la documentación necesaria o en la subsanación de la documentación recibida.

En la misma línea, el Ejecutivo regional aclaró que la filosofía imperante por parte de la Junta de Extremadura en todo lo que se refiere a la atención que presta a sus ciudadanos, se basa en un modelo de “eficacia, eficiencia y calidad”, y aseguró que “ninguno de los expedientes tramitados sufre ningún retraso que no sea el propio de la gestión de cada situación administrativa, además de avalar el cumplimiento de todas las leyes de control existentes de gasto público”.

32 CONVENIOS DE AYUDA A DOMICILIO

En lo que se refiere a la ayuda a domicilio, el Gobierno regional informó de que se acaban de firmar 32 nuevos convenios con 32 Ayuntamientos de Extremadura que cubre dicha prestación a 386 personas, lo que supondrá un considerable avance en la prestación de servicios públicos y redundará en beneficio de las listas de espera que tienen estos municipios.

Al respecto, señaló que las listas de espera que existen en los distintos Ayuntamientos no son específicas para personas en situación de dependencia.

Para finalizar, el Ejecutivo regional también aclaró que si bien cualquier extremeño puede solicitar estas ayudas, se debe tener en cuenta que hay ciudadanos con más necesidades debido a sus situaciones personales, por lo que se hace de todo punto necesario el priorizar esas situaciones.