Añade que el resto de cargos de estructura del nuevo servicio, "no sólo no están tipificados como altos cargos según la norma autonómica sino que, además, en su mayoría, pasarán de desempeñar jefaturas de servicio a jefaturas de unidades de gestión, circunstancia esta por lo que, bajo ningún concepto, se duplicarán ni servicios ni tampoco gestión".

En cuanto a la cantidad económica que costará a los extremeños la puesta en marcha de este nuevo ente, y a la que hace referencia la portavoz popular, unos 650.000 euros, el Ejecutivo regional dice que desconoce "cómo, de dónde y de la suma de qué ha salido tal cantidad".

Utilizar ahora expresiones como "fábricas de altos cargos" o desenterrar palabras como "despilfarro económico" en relación con la creación y puesta en marcha de este nuevo Servicio es opinión del Ejecutivo Regional, "demagogia pura y barata que en nada contribuye, además, a afianzar la confianza de los extremeños en sus gobernantes, a los que eligieron de manera democrática".

"Todo lo contrario. Provocan y siembran la discordia y la desconfianza sobre todo dados los actuales tiempos de recesión económica que se viven en el mundo entero" Por ello, la Junta considera que "una vez más", desde el partido en la oposición, "se intentan desacreditar iniciativas de un claro y marcado contenido social, en este caso la Ley de Dependencia". "Y lo hacen atacando y desacreditando este nuevo ente, el SEPAD. Y lo vuelven a hacer intentando enfrentar un modelo de gestión, el público, en contraposición al privado. ¿O es que se pretende que Extremadura contrate a empresas privadas, como ya existe en otras CCAA gobernadas por el PP, casos de Madrid y Murcia por ejemplo, la gestión de la Ley de Dependencia?"

Explica la Junta que "afortunadamente, Extremadura y los extremeños está sobrada de ejemplos del comportamiento seguido en los últimos años por el PP: votaron en su día contra la Ley de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente; contra la Ley de Tiempos de Respuesta, también votaron en contra de la creación del Defensor de los Usuarios, siempre intentando desprestigiar o desacreditar el modelo de la sanidad pública y a favor de la sanidad privada".

"Eso sí, siempre en contra para, luego, transcurrido el tiempo, convertirse en paladines o primeros valedores de las iniciativas legales que apoyó, apoya y apoyará siempre el Gobierno de Extremadura, que no son otras que las que garantizan el modelo de lo público frente a lo privado con la creación de organismos y entes públicos que aseguren y agilicen la gestión, la equidad y la sostenibilidad, de acuerdo con las necesidades de cada población y que procure la igualdad de todos los ciudadanos de Extremadura en el acceso a los mismos", precisó.

Señala la nota que "aunar bajo un mismo paraguas la sanidad y la dependencia fue una iniciativa del presidente de la Junta de Extremadura, (iniciativa, por cierto, seguida por otros gobiernos regionales, no sólo socialistas, sino también populares)".

"Y que no tenga ninguna duda el PP de que la Consejería de Sanidad y Dependencia será quien se encargará, como no puede ser de otra manera, de la Ley de Dependencia como se encarga de la Ley de Salud Pública en Extremadura. Y como hizo en su día con la creación del SES para la gestión de la salud de los extremeños, el Sepad será el ente que se ocupará de la dependencia de los extremeños", agregó.

SEPAD GARANTIZARÁ LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El Gobierno autonómico aseguró que "el Sepad garantizará la prestación de servicios de promoción de la autonomía y de atención a las personas en situación de dependencia, la calidad de los mismos".

"Procurará, asimismo, que la garantía de prestación de servicios antes aludida se establezca desde el diseño intersectorial de procesos asistenciales, contando con la participación técnica y dirección asistencial por procesos y programas de atención, coordinados en su diseño y evaluados continuamente en su cumplimiento desde el nivel central para ser ejecutados conforme a protocolos comunes de los diferentes puntos de la región", explicó

"Que no quepa ninguna duda que este nuevo ente nos permitirá responder al ciudadano con base en el Derecho que la Ley 39/2006 le atribuye, de una manera más coordinada eficaz y eficiente y que, con la creación de este organismo, Extremadura avanzará aún más en el camino que nos permite definirla como la comunidad de las personas", concluye la nota.