Los objetivos que se pretenden alcanzar son, entre otros, la mejora de la calidad, la implantación y aplicación de nuevas tecnologías e innovaciones; promoción de nuevos productos de alto valor añadido y que ofrezcan nuevas oportunidades de comercialización; protección del medio ambiente; promoción de un tejido cooperativo competitivo; y mejora y control de las condiciones sanitarias, así como la seguridad alimentaria.

Desde el pasado mes de septiembre es la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural quien posee las competencias en materia de gestión de incentivos destinados a las industrias agrarias y alimentarias, y, en virtud de dichas competencias, será la Dirección General de Infraestructuras e Industrias Agrarias la que notifique individualmente a las empresas seleccionadas las condiciones generales, particulares y especiales que afectan a cada proyecto mediante las correspondientes resoluciones individuales.