Los efectos de esta anulación, continua la nota de prensa, son aún "más graves que el propio acto administrativo", ya que los licitadores -casi en su totalidad- son pequeñas empresas que han soportado durante más de dos años el alto coste financiero de las garantías económicas aportadas, llegando en algunos casos a "asfixiar su maltrecha cuenta de resultados".

Explican que debido a las dificultades que atraviesa el sector financiero, muchas de estas empresas no podrán obtener los avales necesarios para poder licitar la nueva convocatoria, máxime cuando el plazo de reclamaciones impedirá rescatar los más de 2.250.000 euros depositados en la Junta de Extremadura para este concurso, dificultando así la obtención de los nuevos avales por la limitada capacidad de endeudamiento.

Esta situación afirman que perjudicará a más del 90% de los actuales licitadores extremeños que se verán obligados a no presentarse.

ESTUDIO ACCIONES LEGALES

La Asociación de Televisiones Locales de Extremadura ha puesto esta situación en conocimiento del gabinete jurídico del G-9, que agrupa a las asociaciones de televisiones locales de toda España, para que estudien la posibilidad de emprender acciones legales si se considerase oportuno, salvaguardando siempre los intereses de los licitadores, ya que esta anulación retrasará el calendario de puesta en marcha de la TDT de proximidad en nuestra comunidad, perjudicando finalmente al espectador extremeño que será de los últimos en disfrutar de este servicio.

La asociación también ha solicitado a la Junta formalizar mesas de trabajo conjuntas para aportar ideas que redunden en la mejora del pliego de condiciones que ha de regir el nuevo concurso, aproximando los requisitos a la realidad del sector.