Según el presidente de ANPE, ahora España debe cumplir con el Proceso de Bolonia y adaptar las titulaciones al espacio europeo en tiempo récord, "sin prever las consecuencias laborales que se derivarán de esta adaptación".

"Del estupor pasamos a la inquietud al darnos cuenta que no se ha previsto cómo afectará esta adaptación a nuestro mercado laboral y mucho menos al funcionario docente"

Para ANPE, es una reforma con financiación "0" y la propia estructura obliga a un gran número de profesores y espacios, por lo que considera "incomprensible que no exista una financiación previa".

Además, muestra su preocupación por cómo afectará tanto al acceso a la función pública docente como al modelo educativo español. "Sólo existirán las especialidades de Infantil y Primaria pasando el resto de las especialidades actuales a ser "cualificaciones" tanto en Inglés, como en Educación Física y Música, pudiendo desaparecer Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, algo que influirá negativamente en el alumnado con necesidades educativas especiales".

También el acceso a la función pública docente se verá afectado pues afirma que serán las Comunidades las que convoquen y exijan requisitos propios del plan de estudios de la Universidad propia que no tiene por qué coincidir con la de otra comunidad, "pues el grado no te permitirá el acceso al mundo laboral, será el master el que permita acceder", señala. En este sentido, opina que esto podría conllevar el "blindaje" de las Comunidades, por ejemplo en Comunidades con Lengua Propia "donde se podría exigir el conocimiento de la misma en la titulación y no como requisito posterior".

Añade el sindicato que también afectará a los concursos de traslados y listas de interinos. "Al desparecer las especialidades éstos deben variar y sólo se podrá concursar o pertenecer a listas o vacantes de infantil o de primaria lo que afectará negativamente a unos y beneficiará a otros".

Por último ANPE apunta, en cuanto a la homologación de los actuales diplomados con aquellos que terminen los grados y master, y según Javier Vidal García, "está previsto que los diplomados de ahora seamos en un futuro un subgrupo dentro del grupo, es decir, A1 y A2. Esto sería rebajar aún más la dignidad del profesorado creando malestar y agravios comparativos dentro del mismo cuerpo".

Además y concretamente en Extremadura, donde se está trabajando por la próxima Ley de Educación, - cabe recordar que este es el último curso con las titulaciones actuales -, al sindicato le parece "surrealista" que aspectos como los señalados anteriormente no sean del dominio público o que ni siquiera las familias o los propios estudiantes conozcan los cambios. "Da la sensación que se pretende limitar dicha información hasta que ésta sea inevitable cuando no ha sido así, la responsabilidad no cae en la obligatoriedad de una norma europea, recae sobre aquellos que han adaptado y cómo lo ha hecho a las características del jerarquizado modelo de Estado español debiendo a su vez haber previsto las consecuencias de dichos cambios".