La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez González, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para su respuesta por escrito sobre el proyecto de refinería de la Refinería Balboa en Extremadura.

Entre las preguntas que la Diputada de UpyD ha realizado al Gobierno para su respuesta en escrito destacan: "¿Por qué se han pronunciado diversos miembros de este Gobierno y del anterior a favor de un proyecto que conllevaría más complicaciones que ventajas? ¿Cuáles son sus argumentos?, ¿Este gobierno identifica, como se hacía antaño, desarrollo industrial con contaminación?, ¿No cree en alternativas más limpias y racionales para industrializar Extremadura, incluso en el campo de las energías?, o si ¿Cree el Gobierno que la instalación de una nueva refinería de petróleos en España es positivo para el futuro de los españoles en general y de los extremeños en particular?, entre otras, según se ha podido saber mediante notasde prensa del partido a este medio.

Según explica la iniciativa presentada, en diciembre de 2004 el Grupo Gallardo, integrado por Sofiex (Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura), BBVA, Caja Madrid, Iberdrola y Caja Extremadura, había iniciado un proyecto para instalar una refinería de petróleo en la Sierra de San Jorge, en la intersección de los términos municipales de Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre, Badajoz, una comarca dedicada casi en su totalidad al cultivo de la vid y del olivo, con altos niveles de productividad y actividad económica. En dicha iniciativa empresarial, participaría el grupo Shell como socio tecnológico, suministrador del petróleo y distribuidor de los hidrocarburos refinados resultantes.

Según manifiesta UpyD en nota de prensa, "la refinería implicaría la construcción de un oleoducto, probablemente el de Huelva, que atravesaría diez espacios naturales protegidos según informes de la administración andaluza". Según la diputada, "el resto de las refinerías activas en España está emplazado, por razones de racionalidad económica y sentido común, en los mismos puertos donde descargan y cargan los barcos petroleros"

Por todo ello, UpyD señala: "Además, según información publicada en diversos medios de comunicación, el proyecto nacía con el respaldo expreso y público de los máximos responsables de la Junta de Extremadura y con un compromiso de inversión pública a través de la entidad pública Sofiex. De hecho, según esta misma información, la Junta promovió -para posibilitar la infraestructura-, la calificación de un Proyecto de Interés Regional que, a juicio de algunos colectivos sociales de la comarca afectada, se hizo por cauces que imposibilitaron la participación de los ayuntamientos de la zona"

En estos momentos, asegura la diputada en "la iniciativa registrada, es el Gobierno quien debe conceder la autorización definitiva para la implantación de este proyecto industrial tras el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Al Ministerio de Medio Ambiente le corresponde emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que podrá ser positiva, negativa o positiva condicionada"

A ello añaden: "tanto el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como los ex ministros de Industria, Joan Clos y José Montilla, se han manifestado en diversas ocasiones a favor del proyecto de Refinería. Sin embargo, colectivos cívicos de la comarca, Andalucía y resto de España consideran que este proyecto tendría un impacto muy negativo sobre la próspera economía agrícola de la zona y, en general, sobre el medio ambiente, no sólo por la emisión de contaminantes a la atmósfera y, eventualmente, a la tierra y red fluvial de la región, sino porque conlleva la construcción de un gran oleoducto desde algún puerto cercano -probablemente el de Huelva-, que, para importar el petróleo llegado por vía marítima y para distribuir los productos refinados, debería atravesar grandes extensiones de territorio de gran valor medioambiental. Según el texto de la iniciativa, en este caso, los petroleros llegados al puerto de Huelva descargarían el crudo en un oleoducto de más de 200 kilómetros que debería atravesar 10 espacios naturales protegidos"

"Este y otros escollos y, sobre todo la magnitud de un proyecto como el señalado, -explica la diputada-, fue lo que motivó que el anterior equipo del Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, ampliara el plazo para la presentación de alegaciones al Proyecto. "Entonces se aseguró necesitar ese plazo excepcional para emitir sus informes", -advierte-

Además de los riesgos medioambientales, la diputada se pregunta si dicho proyecto es razonable desde un punto de vista económico. "Parece contrario a cualquier evidencia racional ignorar que ese proyecto de industria sucia quiere implantarse en Tierra de Barros, que produce el 80% del vino y el 60% del aceite de Extremadura, generando una actividad laboral estimada en dos millones anuales de jornales. La imagen de marca de estos productos de alta calidad puede ser afectada muy negativamente por la vecindad de una refinería de petróleo, precisamente, cuando culmina un ciclo de importantes inversiones en el sector, especialmente el vinícola".

De hecho, y según expone el partido en la nota, l"a amenaza económica y social de la refinería ha motivado la creación de la Plataforma Ciudadana Refinería No y de diversas formas de protesta y oposición vecinal en la comarca que denuncian el impacto de la refinería y la corrupción y el clientelismo en Extremadura que consideran el origen de este proyecto descabellado. Como consecuencia política de este movimiento de oposición cívica, en las últimas elecciones municipales nació la agrupación de electores Ciudadanos de Villafranca, que obtuvo 3 concejales y 1.800 votos en un municipio de 13.000 habitantes. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Extremadura ha multado a numerosos ciudadanos que han mostrado su opinión opuesta a esta refinería por cargos como los de vociferar en la calle"

PREGUNTAS

En consecuencia de todo ello, la diputada ha preguntado al Gobierno la razón por la que se han pronunciado diversos miembros de este Gobierno y del anterior a favor de un proyecto que conllevaría más complicaciones que ventajas, y los argumentos, si cree el Gobierno que la instalación de una nueva refinería de petróleos en España es positivo para el futuro de los españoles en general y de los extremeños en particular, o cómo conjuga el Gobierno la lucha contra el cambio climático, y el cumplimiento del protocolo de Kyoto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con este proyecto de refinería de petróleos, una industria emisora de tales gases y emplazada en una de las comarcas agrícolas más ricas de España.

Asimismo, han hecho referencia también otras cuestiones, como cuántas leyes Autonómicas, Estatales y Directivas europeas para la protección del medio ambiente habrían de ser transformadas para autorizar los oleoductos necesarios para la Refinería Balboa o si el Gobierno está dispuesto a autorizar un nuevo corredor de infraestructuras energéticas que afecten al Parque Nacional de Doñana, ignorando los planes de ordenación territorial del ámbito del parque (Potad), entre otras.