Quisiera defender en este artículo la tesis de que el proyecto de construcción de una refinería en Tierra de Barros es incompatible con una política de izquierdas, con una política de progreso.
 
En Europa Occidental las políticas avanzadas y progresistas se han identificado con la reivindicación de derechos. En el siglo XVIII, por obra de los pensadores ilustrados, comienza la reclamación de una serie de derechos que en el tiempo presente hemos llamado de primera generación. Son los derechos que se refieren a las libertades políticas: libertad de prensa, libertad de conciencia, libertad de asociación…

En ese momento histórico, las políticas más avanzadas se oponen al antiguo régimen que no es otra cosa que la defensa de los viejos privilegios de la aristocracia. En el siglo XIX, de la mano de los movimientos obreros, le llegó la hora a los derechos de segunda generación o derechos sociales: derecho a un salario digno, derecho a la educación, derecho a la asistencia médica,…

La izquierda europea se pone al frente en la reivindicación de estos derechos frente al liberalismo burgués que excluye de la participación política a amplios sectores de la población. Gracias a las luchas de la clase trabajadora los gobiernos europeos fueron incorporando en sus legislaciones estos derechos irrenunciables para la izquierda. Es en la segunda mitad del siglo XX cuando se empieza a hablar de la existencia de los derechos de tercera generación que, por supuesto, no están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Las extralimitaciones salvajes del sistema capitalista o de libre mercado han causado graves perjuicios al equilibrio medioambiental y están poniendo en peligro la supervivencia de la especie humana en la Tierra. Ante esta situación se propone una reinterpretación de los derechos humanos que tenga en cuenta también a los seres humanos futuros y a los demás seres vivos.  

Estos derechos están siendo reivindicados en Occidente por las fuerzas políticas más avanzadas contra la actitud depredadora de las multinacionales y los gobiernos corruptos que trabajan para ellas. En nuestros días no hay política de progreso que no asuma los valores del movimiento ecologista.  Las políticas del futuro serán verdes o no serán.
   
Todo esto parece ser ignorado por el gobierno que preside el señor Ibarra y por un partido que se dice de izquierdas. Es lamentable como intenta presionar a un ministerio de medioambiente que sí ha entendido lo que es una política avanzada. El PSOE extremeño, cuyo programa electoral asumía el discurso ecologista, ha traicionado a muchos de sus votantes y ha puesto el poder político que le otorgaron los ciudadanos al servicio de los intereses particulares de uno de sus máximos dirigentes. La obligación de un gobierno extremeñista y de izquierdas es apoyar a los agricultores y no los negocios de la Shell y del BBVA. Provocaría risa comparar el patrimonio del mayor terrateniente de Tierra de Barros con las fortunas que amasan la multinacional y el banco citado.
   
Quienes nos oponemos a este proyecto queremos el desarrollo de la región pero no a costa de nuestra salud, del sector vitivinícola y del turismo en nuestra comarca. Este proyecto va en contra de los compromisos contraídos por España en el exterior y contribuye al cambio climático. Defendemos actividades económicas acordes con el desarrollo sostenible, exigimos un mayor apoyo a la pequeña y mediana empresa y una apuesta decidida por parte de nuestros gobernantes por las energías renovables. Por todo esto y como ciudadano extremeño y habitante de la maltratada Tierra de Barros pido una rectificación.

Si de verdad nos quieren bien que escuchen el clamor popular de esta comarca que no quiere ser salvada a la fuerza. Si de verdad son una fuerza de progreso que asuman los valores de la izquierda moderna y que actúen consecuentemente.
 
Un saludo
Antonio Llerena Galera. Villalba de los Barros (Badajoz)