Dicha cuestión fue tratada en la Comisión de Economía y Trabajo, en la Asamblea de Extremadura, donde el diputado popular Anselmo Díaz Cabello, explicó que su grupo entiende que los requisitos en el Decreto 192/2005 de 30 de agosto son “excesivos”, pues entiende que la obligación de crear tres puestos de trabajo por cada megavatio (MW) puede suponer una traba para la iniciativa empresarial.

De igual modo, precisó que tampoco les parece bien que se establezca una zona de exclusión para dichas instalaciones por encima de los 600 metros de altitud.

Como consecuencia de todo ello, el PP solicitó ante la Comisión, a través de su PNL, que la Junta derogue este decreto;  que elabore en el plazo de dos meses una nueva norma al respecto  donde se reduzcan tantas “condiciones” y en la que se exija las normativas medioambientales; y que se tengan en cuenta las opiniones de los municipios y las mancomunidades que “vienen acariciando la idea de desarrollo por medio de estos proyectos”.

Por último, Díaz Cabello también solicitó al Gobierno regional "sensibilidad" de cara a las energías renovables, y que lo haga "en el mismo nivel que tiene con las contaminantes", porque se mostró convencido de que el actual decreto "no es bueno para la energía eólica".

El Grupo Socialista, con José Manuel Rodríguez Santa a la cabeza, argumentó que desde sus filas rechazarían la PNL y por ende, la derogación del decreto sobre la instalación de parques eólicos, puesto que entienden que su retirada daría lugar a una “indefensión jurídica” en el sector, y en contra de lo que opina el PP, aseguró que “es un buen decreto”.

Además, recalcó que una de las apuestas del Gobierno regional pasa por apoyar a las energías renovables con su compatibilidad en la creación de empleo. Por este motivo, pidió al PP que espere hasta el próximo día 30 de junio, una vez acabado el plazo para la presentación de las solicitudes para la instalación de parques eólicos, para analizar y examinar los objetivos del decreto.

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO
Dentro de la Comisión de Economía y Trabajo, otro de los temas debatidos corrió a cargo del director general de Empleo, Rafael Pérez Cuadrado, quien compareció a petición del PP para explicar algunos detalles sobre el Plan Integral de Empleo.

Al respecto, concretó que la aportación estatal a dicho Plan está valorada en 25 millones de euros que permitió apoyar la creación de cerca de 3.000 puestos de trabajo, el pasado año en la región.

A su vez, confirmó que la Comunidad Autónoma se ha gastado todo el crédito y así lo ha justificado ante el Ministerio de Trabajo, aunque reconoció que algunos de los programas no han recibido las solicitudes suficientes para su desarrollo. En cualquier caso, aclaró que las partidas destinadas a estas medidas han sido canalizadas hacia otras donde sí existía esa demanda. 

Entre algunas de las iniciativas que no han contado con gran aceptación, Pérez Cuadrado se refirió a la destinada para el fomento de contrato de guarderías tanto para mayores como para menores, que según explicó, fue solicitada exclusivamente por la Confederación Sindical de Entidades de Funcionarios, quien finalmente renunció a ella.

En respuesta a la prensa, aseguró que no son pocos los trabajos que se han creado con la aportación estatal al Plan Integral de Empleo, porque a su juicio, “crear empleo cuenta dinero”.