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Asamblea
PP pretende que la Junta elabore un nuevo decreto para que las empresas de energía eólica no tengan tantos condicionantes
Sandra Gallego Chaves   
11 may 2006 actualizado 14:06 CET :: Leído 186 veces
El Grupo Popular ha presentado una Proposición No de Ley sobre  energía eólica, mediante la cual ha instado a la Junta de Extremadura a que derogue el decreto 192/2005 de 30 de agosto y a partir de ahí, que en un plazo de dos meses, elabore uno nuevo en el que “no se pongan condicionantes que hagan casi imposible que las empresas se instalen en la región”.

Así lo anticipaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier Casado, quien ha explicado que los condicionantes que se dan en el decreto extremeño sobre energía eólica “no se dan en ningún sitio”.

El PP pretende que la Junta no sólo derogue el decreto 192/2005 sino que elabore uno nuevo, en el plazo de dos meses, y cuya regulación sea consensuada con ayuntamientos y mancomunidades en las que pudieran instalarse dichos centros.

Y es que, según ha comentado Casado, algunas de las limitaciones que se observan en el actual decreto son que requiere tres  puestos de trabajo estables y directos por cada megavatio de potencia que se genere. Además, ha añadido que otro condicionante se basa en que en las cotas más alta, se introduce una limitación genérica de 650 metros.

En su opinión, lo único que se puede conseguir con esto es que “casi nadie esté interesado en asumir unos condicionantes tan fuertes, que no se dan en ninguna otra comunidad autónoma”, ha manifestado.

En este sentido, ha puesto como ejemplo el caso de Navarra que desde el año 1996 tiene una regulación sobre energía eólica y en ella, -según ha indicado- hay 1100 megavatios y se han creado unos 4000 empleos de forma directa e indirecta. A su juicio, ello se traduce en que la propia actividad genera empleo sin necesidad de poner condicionantes.
 
Casado ha señalado no entender por qué se le ponen “tantas pegas” a una energía limpia y por contra “se dan tantas facilidades a energías contaminantes”.

Por otro lado, ha advertido de la posibilidad que hay en la región de que se pierda esta “fuerza de riqueza tan importante” después de que la U. E hay asignado 20.000 megavatios y ya se hayan empezado a distribuir en comunidades autónomas que tienen una potencia desarrollada.

Dicho esto, el popular espera que la “presión” ejercida por las mancomunidades surjan efecto y el Presidente de la Junta “derogue este decreto”, porque para Casado, así “no se genera empleo y no se beneficia a la región”.

 
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