Julián Expósito

El Director General de Coordinación e Inspección y secretario de la Comisión Mixta de Transferencias, Julián Espósito, contestó así a la interpelación de la diputada popular, Teresa Angulo, sobre las negociaciones entre el Estado y el Gobierno regional respecto a las transferencias judiciales, esta mañana antes de la Comisión de Organización Administrativa, Interior y Justicia que se ha celebrado en la Asamblea.

La experiencia persigue conocer el rendimiento de la nueva oficina judicial y el coste que supondría para la posterior transferencia por parte del Estado.  Actualmente están constituidos los grupos de trabajo en materia de personal, de obras y equipamiento, de informática y de coste efectivo, aunque hasta que no esté en pleno rendimiento no se podrá hacer una evaluación “real” para decidir qué necesita Extremadura para la puesta en funcionamiento y consolidación.

En el año 2003 se hizo una reforma del poder judicial para cambiar el funcionamiento de dicho organismo por las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Se pasaba de una micro-oficina que estaba controlada por el juez o por los órganos de la judicatura, a una con nuevos métodos de organización de trabajo dirigida por el secretario judicial.

En principio la oficina judicial iba a estar en marcha en octubre del año 2006, pero la tramitación parlamentaria de las reformas procesales para su puesta en funcionamiento se retrasó, con lo cual no será hasta el próximo periodo de sesiones cuando se aprueben la normativa que habilitaría el funcionamiento de la nueva oficina judicial, ya que son 21 leyes procesales las que hay que incorporar, según explicó Espósito.

“Hasta que no esté en funcionamiento la oficina piloto, no sabremos qué costes va a implicar para hacer una extrapolación, ya que después hay que aplicarla al resto de partidos judiciales”, aclaró.

El proyecto supondría la digitalización del procedimiento judicial, facilitando al ciudadano la posibilidad de acceder desde diferentes lugares al funcionamiento de la administración de justicia y, sobre todo, para acortar los plazos de resolución judicial.