La directora general de Calidad y Evaluación Medioambiental, María Ángeles Pérez Fernández y Manuel García Pérez, director general de Planificación Industrial y Energética

Así lo indicó Pérez Fernández en respuesta a la pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Parejo, quien pidió información sobre las medidas adoptadas por la Administración autonómica para evitar casos como el de los vertidos de Jerez de Los Caballeros.

En este sentido, Parejo recordó que según señaló la Fiscalía, desde 1998 se lanzaron vertidos tóxicos al alcantarillado de Jerez de los Caballeros, en 2000, estos vertidos dañaron la depuradora municipal y desde 2001 hasta 2003 aparecieron dolencias en la población por problemas respiratorios. Por tanto, “se aprecia delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo325 del Código Penal, y contra la salud pública”.

En respuesta, la directora general recordó que y fue un accidente como resultado de la rotura de algunas tuberías como consecuencia de una bajada repentina de las temperaturas, por tanto no hay negligencia alguna, hecho que ha sido confirmado por la Audiencia de Badajoz y ratificado por la sentencia emitida el pasado 12 de mayo.

Seguidamente, informó de que la Dirección General de Calidad y Evaluación Medioambiental ya ha puesto en marcha un Plan de Vigilancia Ambiental, con el que se están llevando a cabo distintas aleatorias a actividades, bien ya autorizadas o bien en fase de autorización, con el objetivo de velar por el condicionamiento de los condicionantes ambientales, condicionantes de las declaraciones de impacto ambiental cuando están ya han sido emitidas o bien de las propuestas realizadas por los propios promotores.

Como resultado de este Plan, continuó diciendo, se ha llevado a cabo la paralización de algunas actividades por incumplimiento por parte de los promotores de algunos de los condicionantes ambientales previstos en las declaraciones de impacto ambiental, o en los definidos en las preceptivas autorizaciones.

Además, señaló que aquellas actividades que no cumplían ni tenían la preceptiva autorización ambiental se les ha abierto el correspondiente expediente sancionador, entre los cuales, y en casos extremos, se contempla el cierre cautelar de las actividades.

En la misma línea, Pérez Fernández anunció que en la actualidad, todas y cada una de las actividades sometidas a autorización desde el punto de vista ambiental en la Junta de Extremadura, son estudiadas en “profundidad” con objeto de conocer las garantías ambientales que prevén los promotores en sus proyectos, “a fin de evitar no sólo que incumplan la normativa medioambiental, sino también con objeto de asesorarles para que incluyan mejoras en previsión de posibles fallos que puedan inducir en daños ambientales”.

Junto con esto, la directora general añadió que se pide a todos los promotores el diseño de un Plan de Seguimiento de todas las actuaciones que proponen, para poder llevar a cabo un control “exhaustivo” en el que puedan detectarse posibles errores.

También aludió a la existencia de una Ley de Responsabilidad Medioambiental 26/2007, aún no reglamentada, que dice que quien contamina debe pagar y restaurar ese daño ambiental.

En relación a ésta, informó de que el personal de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente forma parte de los grupos de trabajo nacionales que periódicamente se reúnen para trabajar en esta Ley, donde el plazo que el Gobierno central estima para tener aprobada la reglamentación de esta Normativa es el otoño del 2009.