La Junta estimó que, sin entrar en la "procelosa" aplicación del derecho procesal y de sus normas, existen "a estas alturas" argumentos jurídicos suficientes para insistir y perseverar en que Extremadura reciba una compensación por los gastos que asumió en 2001 y que derivan de la transferencia plena de competencias sanitarias, gastos que ascienden a 33,8 millones de euros.

Así lo manifestó hoy, 9 de febrero, el consejero de Administración Pública y Hacienda, Ángel Franco, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la que compareció a petición propia para informar sobre la actuación del Gobierno regional en relación con la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2009, referida a los gastos sanitarios efectuados por la Junta correspondientes a los últimos meses de 2001, que derivan del traspaso de competencias en materia de gestión sanitaria.

Franco anunció que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha autorizado y ordenado a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico la interposición de un nuevo recurso contencioso-administrativo, que se ha anunciado ante el Juzgado Central del Contencioso-Administrativo correspondiente con fecha del 5 de febrero de 2010.

Esta nueva solicitud se produce tras conocer que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) desestimó, el pasado 15 de enero del presente año, la ultima reclamación que formuló la Junta de Extremadura con fecha del 9 de octubre de 2009 ante la Intervención General de la Seguridad Social y ante el propio INGESA.

ARGUMENTACIÓN DE LA NEGATIVA

La razón de la desestimación, según argumentó el INGESA, es que se trataba de un asunto que ya había sido juzgado, algo que tanto el consejero como el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado, negaron rotundamente, mostrándose convencidos de que la Junta de Extremadura tiene una razón "incontrovertible" sobre la existencia de una deuda real de la AGE a la región.

El INGESA también argumentó que las cantidades prescritas ya habían prescrito y que la reclamación de los pagos no efectuados por el entonces INSALUD debían efectuarse a la propia comunidad autónoma, algo "absurdo" para Ángel Franco porque "eso supondría que nos reclamáramos a nosotros mismos la deuda".

Además, añadió que el argumento de la prescripción no es asumido por la Junta, porque la solicitud de octubre de 2009 no era una nueva reclamación, sino más bien un recordatorio de la deuda.

Con respecto a esta sentencia, el responsable de Administración Pública y Hacienda dijo que el Gobierno regional acata la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, pero "ni la comprende ni la comparte por los fundamentos contradictorios utilizados".

Por ello, Franco indicó, por un lado, que en todos estos años, desde 2001 hasta la actualidad, "no hemos pensado en desistir en la reclamación de un dinero que nos pertenece, y por lo tanto, vamos a utilizar todos los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición". Y por otro, señaló que "en ningún caso vamos a abandonar el proceso, aunque sabemos que dicho proceso es largo y complejo, pero estamos convencidos de que el fondo de la cuestión aún no ha sido juzgado".

Cabe recordar que la Junta de Extremadura aceptó las transferencias en materia de asistencia sanitaria en 2001 "sin poner en duda la devolución de los gastos por parte del Estado". Sin embargo, ante el retraso del pago, el Gobierno regional, el 20 de enero de 2004, reclamó al Consejo de Ministros el abono de 33,8 millones de euros, y el Ministerio de hacienda le comunicó "en una nota sin formar" que del importe total solicitado son, según su criterio, exigibles a la AGE 9,1 millones de euros, aparte de la factura farmacéutica.

Por ello, la Junta inició, el 30 de abril, las actuaciones judiciales contencioso-administrativas relativas a la reclamación inicial y habiendo transcurrido el plazo preceptivo sin haberse producido resolución expresa entendió estimada la solicitud, y procedió a solicitar el abono de la cantidad demandada. Pero la petición no fue favorable a la comunidad autónoma, debido a que en la sentencia se alegaba a defectos formales. Por lo que en 2009 la Junta formuló nuevamente una reclamación.

CADA VEZ MÁS LEJOS

Tras la intervención del consejero de Administración Pública y Hacienda, tomó la palabra la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, quien lamentó que Extremadura está cada vez más lejos de recuperar el dinero, además de sentenciar que el proceso ha sido "nefasto" para el Gobierno autonómico, gracias a la "incompetencia" de la Administración regional.

En este sentido, Teniente apuntó que de la propia sentencia se deriva que la Junta de Extremadura siguió un cauce "inadecuado", "desoyendo" las recomendaciones que se le hacían para poder recuperar el dinero.

Y es que, según la popular, el consejero de Sanidad por aquel entonces y ahora presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, "siguió un cauce totalmente inadecuado, desatendió todas las recomendaciones y la consecuencia es que hoy estamos cada vez más lejos de recuperar el dinero".

"Ahora ustedes (la Junta) tienen que comenzar de nuevo el camino, donde lo primero que debería hacer es admitir que cometieron errores en el pasado, para no volver a caer en ellos, porque ustedes no reconocen su error y echan la culpa al Gobierno del PP por aquel entonces".

De todas formas, Cristina Teniente deseó suerte al Ejecutivo regional en este nuevo proceso, aclarando que "la suerte jurídicamente hablando hay que trabajarla".

Finalmente, la opinión del PP difirió mucho a la expresada por Jorge Amado, que destacó que la Junta de Extremadura actuó en todo momento con responsabilidad y cordura, defendiendo siempre lo que por Ley le pertenece a todos los extremeños.