El director general de Trabajo, José Luis Villar, y la directora del IMEX, María José Pulido

Villar destacó que el 8 de octubre de 2007 se firmó la Declaración para el Diálogo Social, en la que los firmantes manifestaron su voluntad de renovar y reforzar con un nuevo Plan de Actuación la puesta en marcha de políticas “eficaces” dirigidas a la eliminación de sus causas y a la promoción de una adecuada cultura de la prevención en las empresas y entre los trabajadores de la región.

El director general recordó que Extremadura tiene el índice de incidencia más bajo de todas las comunidades autónomas de España, siendo la media regional de 4,80 por ciento frente a la nacional que se sitúa en 5,80 por ciento y la europea con el 4 por ciento.

Por ello, Villar manifestó que el principal objetivo de todas estas políticas es la de “acercarse más al índice europeo”, ya que la Estrategia Europea exige a España la reducción del 25 por ciento de las tasas de siniestralidad al final de 2012.

El director general de Trabajo, José Luis Villar en la comision de Empleo de la Asamblea

Por otro lado, se ayudará a constituir Sociedades Cooperativas de Servicios, para que den soporte a las fórmulas legales existentes, como por ejemplo, el Servicios de Prevención Mancomunados, que permitan agruparse a las pequeñas empresas para cumplir con estas obligaciones de manera “real y efectiva”.

En relación al empleo público municipal, el director general apuntó que éste presenta unos “problemas claros” de rotación, precariedad, escasa formación y, por tanto, una mayor “vulnerabilidad” ante el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y añadió, que de la siniestralidad en Extremadura, el diez por ciento se produce en este ámbito.

En este sentido, anunció que se intentará aprovechar la figura del técnico de prevención de las mancomunidades de municipios e ir igualmente a fórmulas que hagan más fácil a pequeños Ayuntamientos aplicar y desarrollar su gestión de la prevención, a través de la constitución de organizaciones específicas como los Servicios de Prevención Mancomunados.

Uno de los puntos “más importantes” de este V Plan, según subrayó Villar, es el Plan Prevea, destinado a empresas de menos de 50 trabajadores con problemas de siniestralidad, y con el que se pretende la reducción “real y comprometida” de sus tasas de accidentalidad y gravedad.

Con este Plan Prevea, continuó diciendo, se dará trato preferente, asistencia técnica y seguimiento a estas empresas por parte de la Inspección de Trabajo y se les ayudará para llevar a cabo el programa y tomar las medidas que se deriven para conseguir bajar sus índices, en forma de cofinanciación de inversiones que estén directamente relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo.

Un tratamiento “diferenciado” tendrá el sector de la construcción, ya que aquí hay tres veces más de posibilidades de accidentarse que en cualquier otro sector y que el accidente sea más grave, indicó el director general.

Por todo ello, Villar explicó que las medidas que se pondrán en marcha en este sector son un registro de empresas contratistas y vigilancia de que se cumplen las medidas, mediante un convenio firmado con la Guardia Civil, que permitirá “emerger economías sumergidas”.

Asimismo, se harán campañas de sensibilización, vigilancia del porcentaje de plantilla fija que han de tener las empresas contratistas, un potente programa de formación de trabajadores del sector que ha de desembocar en facilitar a todos una cartilla de profesionalidad y el establecimiento de comités de seguimiento para grandes obras, una medida que ya ha puesto en marcha el Ministerio de Fomento y que “ahora se traslada a la Junta de Extremadura”.

Otra novedad que incluye el V Plan de Actuación de Prevención de Riesgos Laborales es la atención a los trabajadores autónomos, con una medida de la que se beneficiarán más de 68.000 extremeños, desarrollando un nuevo derecho que les ha reconocido la Ley que prueba el Estatuto del Trabajador Autónomo y que es la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, en función del sector y la actividad que desarrollen.

En la misma línea de las directrices de la estrategia comunitaria, el director general destacó que se promoverán actuaciones en el sector servicio, enfocadas a lo denominó como “riesgos emergentes o psicosociales”, tales como el envejecimiento de la población activa, las exigencias emocionales en el trabajo, desequilibrio entre la vida laboral y personal y nuevas formas de contratación laboral e inseguridad en el puesto de trabajo.

Desde la Consejería de Igualdad y Empleo, al igual que ha hecho el Gobierno central, se aumentará el número actual de técnico habilitados en inspecciones de trabajo en un cien por cien a lo lago de toda esta legislatura.