La directora general de Infancia y Familias, Nuria Sánchez

Así lo manifestó Sánchez durante la reunión de la Comisión de Igualdad y Empleo de la Asamblea de Extremadura, donde compareció a los efectos de informar sobre las supuestas denuncias de maltrato a menores en este centro.

La directora general hizo un balance de los acontecimientos, contando que el 13 de agosto la jefa gerente del Servicio de Protección al Menor le informó de que dos profesionales del centro querían denunciar una serie de comportamientos que estaban manteniendo algunos técnicos de educación Infantil respecto a los niños.

El 14 de agosto se reciben las denuncias por escrito de las trabajadoras del centro, cuyo contenido de las mismas sugiere una “no adecuada elección” de las medidas correctoras en relación a las conductas mostradas por los menores.

Al respecto, Sánchez afirmó que mantuvo conversaciones con la diputada responsable del centro, con el diputado de personal de la Diputación de Cáceres, con la Secretaría General, con la consejera de Igualdad y Empleo y con la presidenta en funciones de la Diputación, informándoles de que ha dado traslado de los hechos a la Fiscalía de Menores de Cáceres al entender que los hechos denunciados deben ser estudiados por si fueran constitutivos de delito.

Comisión de Igualdad y Empleo en la Asamblea de Extremadura

El 20 de agosto se recibieron dos nuevas denuncias realizadas por otros trabajadores, que se remitieron a todos los estamentos afectados, y al día siguiente, la fiscal solicitó información sobre las actuaciones realizadas por la Dirección General para la protección de menores.

El 25 de agosto la Secretaría General de la Consejería determinó abrir información reservada para si, tal y como se desprende de una de las denuncias, algún trabajador de la Junta estuviera incumpliendo la responsabilidad disciplinaria. Y el 17 de septiembre se reunió la Comisión de Seguimiento del Convenio para tratar, entre otros asuntos, los hechos que sucedieron en el centro.

Acto seguido, Nuria Sánchez solicitó a la Diputación Provincial la suspensión de los trabajadores denunciados, ante lo que el 15 de octubre la Diputación resolvió abrir expediente disciplinario a los trabajadores denunciados y el día 22 la Fiscalía informó de que ha dado traslado al Juzgado de lo Penal como resultado de las diligencias previas abiertas de estos hechos, donde se encuentran actualmente los acontecimientos.

En su turno de réplica, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Herrera, reiteró que con estos hechos se está demostrando la “incompetencia” de la Junta de Extremadura, ya que no se trata de un caso aislado, sino que se han dado casos similares de acostar a los menores sin comer, fugas y desapariciones en otros centros como en el de ‘San Juan Bautista’ o en el ‘Marcelo Nessi’.

“Ustedes deberían haber puesto en marcha los mecanismos necesarios antes de desembocar en la actual situación, y antes de que tuvieran que denunciar los hechos algunos trabajadores”, sentenció Herrera.

En la misma línea, la popular aseguró que el sistema de protección de la Junta está “enfermo, no funciona”, ya que continuamente los centros de menores de la comunidad autónoma aparecen en los medios de comunicación por situaciones negativas.