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La Agencia Extremeña de la Vivienda se plantea poner en marcha una Ley de Medidas Antiespeculación Asamblea |
| La Agencia Extremeña de la Vivienda se plantea poner en marcha una Ley de Medidas Antiespeculación |
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| 23 oct 2006 actualizado 19:55 CET :: Leído 212 veces |
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La Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio se plantea poner en marcha una Ley de Medidas Antiespeculación con el objetivo de "adelantarse" y evitar que en Extremadura pueda ocurrir lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas en relación con la corrupción urbanística. El presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y el Territorio, Javier Corominas, realizó hoy este anuncio antes de comparecer en la Comisión de Vivienda de la Asamblea de Extremadura, a petición del PP. Sobre la Ley de Medidas Antiespeculación, Corominas anunció que ya se ha elaborado un borrador, ya que aunque en estos momentos en Extremadura "no se está produciendo ninguna situación que deba preocuparnos ni alarmarnos en ningún municipio", añadió que "es inteligente" que ahora que viendo lo que ocurre en otras comunidades autónomas, "debemos adelantarnos a tomar medidas que impidan que ese fenómeno se pueda producir". Para Corominas, "ha llegado la hora de tomarnos muy en serio la ordenación del territorio", y de hecho señaló que en la actualidad ya están redactados tres planes redactados como ordenación del territorio, en las comarcas de Alqueva, de La Vera y de Campo Arañuelo, más otros cuatro en proyecto en La Serena, Hurdes-Ambroz, Gata y Jerte. El objetivo último es que "tener todos los planes de ordenación desarrollados", de forma tal, resaltó Corominas, que en ellos se visualice que cualquier crecimiento que quiera hacer cualquier municipio deberá estar previamente pactado entre la Comunidad Autónoma y los propios municipios. Así, explicó que el primer criterio del borrador de la Ley de Medidas Antiespeculación, será el de exigir que los municipios, con carácter previo a cualquier movimiento que pretendan hacer de ampliación o de modificación, tengan que evacuar consulta al Gobierno regional como responsable del territorio. La función del Gobierno regional por tanto, será "estudiar la oportunidad de lo que se está planteando, de forma tal que podamos establecer un diálogo correcto con ese municipio tratando de reorientar lo que se puede hacer", explicó. Así, Corominas puso como ejemplo lo que ocurre en Badajoz, donde los precios de las viviendas suben más rápido que en Cáceres, cuando en la capital pacense "todavía hay suelo disponible en el interior retenido especulativamente, cuando la ley del suelo establece que un agente urbanizador público puede actuar directamente sobre ese suelo, y además valorarlo por el 50 por ciento del valor de mercado". Por eso, y como los ayuntamientos no actúan contra esta situación porque no quieren enfrentarse a los promotores "porque muchas veces tienen demasiadas relaciones con el ayuntamiento", por eso consideró que "ha llegado la hora de exigir" que aquellos recursos que la Ley del Suelo ha puesto a disposición de la administración municipal, también lo pueda ejercer como sustitución lo propia Comunidad Autónoma. Lo que se pretende es contar con "una serie de medidas que van a facilitar el control de que no se nos pueda disparar a situaciones no queridas que se están viviendo en otras comunidades", y para ello señaló que si es necesario, se realizará una modificación de la propia Ley del Suelo, que ofrezca "todas las oportunidades para que la especulación no sea posible en Extremadura". DESARROLLO DEL PLAN ESPECIAL Por otra parte, Corominas destacó el grado de realización actual del Plan Especial de Vivienda que, según recordó, nació la pretensión de construir unas 8.000 viviendas, y en la actualidad la programación contempla casi 24.000. De ellas, destacó que unas 11.200 son de 60.000 o menos. También se están realizando viviendas de otra tipología y de otro nivel de renta con el objetivo de realizar un acompañamiento, explicó Corominas, para "conseguir una sociedad más justa, y más equilibrada, donde todos los niveles de renta compartan el mismo espacio". Informó Corominas que de las 45 actuaciones que está realizando la Agencia de la Vivienda, 30 son sobre suelo urbano, y en las 15 restantes se ha recurrido a Proyectos de Interés Regional, en los que "se ha cuidado y procurado que se integren perfectamente en la trama urbana, tantos que muchos de ellos, como en Cáceres, están contemplados en el planeamiento que se está estudiando y desarrollando". aseguró. Por tanto aseguró que estos PIR "en absoluto están rompiendo la estructura de la ciudad, sino completándola y reforzándola", dijo Corominas. DESARROLLO DE LA LEY DEL SUELO Por su parte, la diputada del Grupo Popular, Teresa Bravo, mostró su "grandísima preocupación" por el desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación del Territorio y del Suelo en Extremadura, que entregó en vigor en enero de 2002, "ya estamos a final de la legislatura y no ha tenido desarrollo reglamentario, no se ha desarrollado para hacer funcional, positiva y útil su aplicación en Extremadura". Este es el motivo, a juicio de Teresa Bravo, por el que la Agencia de la Vivienda está recurriendo a figuras extraordinarias, como los planes de interés regional. Esta situación provoca que en la actualidad "hay una falta de seguridad jurídica, al estar prorrogados reglamentos estatales, que no son los extremeños, y que están en clara contradicción con la ley de 2001", dijo. Aseguró que para que se pueda hacer un urbanismo "funcional, coherente y de desarrollo integral" en la región, es necesario elaborar los reglamentos de gestión, de planificación o de disciplina urbanística de esta ley, "que es una de las más importantes que hay en Extremadura, y que está sin desarrollar", dijo. También se interesó la diputada popular por el grado de ejecución del presupuesto de la Agencia de la Vivienda para 2006, ya que según los avances de liquidación que posee el PP, "están sin ejecutar más de la mitad de los presupuestos de esta área". En este sentido recordó que el año pasado cerca de un 70 por ciento se quedó sin ejecutar. ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN ALCOLLARÍN En su intervención, Teresa Bravo criticó también el conflicto surgido por la entrega de seis viviendas sociales construidas en Alcollarín, y que se están entregando "a solicitantes que se demuestra que tienen más ingresos de los que se deberían tener para acceder a estas viviendas". Criticó que uno de estos solicitantes es la hija del alcalde socialista de la localidad, que también es concejala, y que "consta que tiene mayores ingresos". Bravo recordó que este asunto "colea" desde el año 2000, y en estos momentos y "gracias a las denuncias reiteradas del PP, se puede decir que se está haciendo algo de justicia a personas que tenían derecho en el pueblo". Ante esta situación, aclaró que el PP ha conseguido que se haga "justicia relativa, porque le querían quitar la vivienda a quien tenía derecho", pero resaltó que la hija del alcalde sigue siendo una de las adjudicatarias. "Así es la política de viviendas sociales de la Junta de Extremadura, que ahora mismo está abandonada porque no se hacen viviendas sociales, se hacen viviendas para adquisición y para renta", lamentó Bravo. Unas críticas a las que el presidente de la Agencia de Vivienda, respondió asegurando que el expediente de la hija del alcalde de Alcollarín es "perfectamente correcto", lo que ocurre, a su juicio, es que el PP "donde no tiene argumentos trata de buscar callejuelas, a ver si existe alguna irregularidad". |

