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Asamblea
Extremadura ha acogido a 684 inmigrantes en situación irregular en 2006 procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias
Carlota Montero   
15 nov 2006 actualizado 21:18 CET :: Leído 212 veces
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El director general de Migraciones, Cooperación y Prestaciones, Antonio Olivenza, lo afirmó esta mañana antes de comparecer en la Comisión de Bienestar Social de la Asamblea de Extremadura. Ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Extremadura.

Olivenza respondió así a las preguntas formuladas por la diputada popular, Rosario Hontoria, ante lo que aclaró que detrás de ellas se recoge toda una reflexión de actuación política, es decir, “una manera de ver y concebir lo que entiende el Grupo Parlamentario Popular por el proceso migratorio”existente en España y en Extremadura.

Según aclaró, el grupo parlamentario popular olvida que Extremadura “antes de ayer, era una comunidad autónoma de migración y nosotros hemos interpretado y entendido que lo que tenemos que hacer es dar una respuesta a lo que afortunadamente Extremadura está padeciendo en estos momentos”.

Señaló que la respuesta que han previsto se divide en dos vertientes. Los inmigrantes que recalan en nuestra comunidad y que vienen en situación de regularidad y aquellos que llegan en situación de irregularidad. Por ello diferenció entre éstos que son los acogidos y los inmigrantes irregulares, ante lo que afirmó que en la región no “hay nadie”.

Para ello, aclaró, que el Grupo Socialista ante este plan de acogida aplica la Ley de Extranjería, aunque hay casos en los que no se puede llevar a cabo por que estas personas no poseen documentación, no existen convenios con sus países o no hay garantías de repatriación, ante lo que se adoptan proyectos de carácter humanitario, explicó.

El dctor gral de Migraciones, Cooperación y Prestaciones, Antonio Olivenza hoy en la Asamblea
El dctor gral de Migraciones, Cooperación y Prestaciones, Antonio Olivenza hoy en la Asamblea
En estos casos son las organizaciones no gubernamentales las que ofrecen acogida, entre ellas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Cáritas.
Olivenza señaló que el coste del plan de acogida es de aproximadamente 300.000 euros, ante lo que añadió, “solamente los necios confunden valor y precio”, por que el plan “no tiene ningún tipo de valor”, ya que se atiende desde el punto de vista humanitario.

Se cuestionaba qué era lo que hubiéramos querido nosotros para nuestros inmigrantes cuando se tuvieron que marchar a Bélgica, Holanda, Francia o Argentina, ante lo que contestó: “que hubiera habido estados democráticos, que hubieran entendido que son personas y que hay que intentarles hacer un plan de acogida para que se encuentren de la mejor manera posible”.

Ante esto añadió que la inmigración para la región es “sumamente beneficiosa” para las actividades económicas.

Olivenza señaló que ha sido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 186 millones de euros para aplicar, por un lado, el plan integral de atención a los inmigrantes en situación irregular, que abarca desde la acogida, pasando por la educación, la cultura, la sanidad, hasta el co-desarrollo, y por otro, el plan de acogida específico para aquellos ciudadanos que en aplicación de la Ley de Extranjería no pueden ser repatriados y se les acoge.

Asimismo, destacó que ningún gobierno de España “ha conseguido lo que está consiguiendo este gobierno”, en repatriaciones “en condiciones de dignidad” de 6.000 de los 7.000 inmigrantes que se encontraban en Canarias, a través de la potenciación de las relaciones entre los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, el del Interior y el de Asuntos Exteriores.

50 MENORES ACOGIDOS

Antonio Olivenza ante la Comisión de Bienestar Social de la Asamblea de Extremadura
Antonio Olivenza ante la Comisión de Bienestar Social de la Asamblea de Extremadura
Por otro lado, Olivenza explicó, que los menores de 18 años “sólo pueden ser incorporados a un proceso de formación en el mercado laboral español”. Señaló que la región ha respondido al concepto de “solidaridad” para con otras comunidades autónomas, a diferencia de las gobernadas por el PP.

En Extremadura hay 50 menores no acompañados en los centros tutelados por la Junta, en los que son atendidos por las medidas recogidas en un plan de actuación puesto en marcha por la Dirección General de Infancia y Familia, que es referencia para el resto de las comunidades autónomas.

 
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