Ignacio Sánchez Amor, portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea

Así lo indicó Sánchez Amor a los medios de comunicación, momentos antes de reunirse con el secretario de Política Institucional de CCOO, Fernando Sánchez, y el secretario de Acción Social de UGT, Nereo Ramírez, quienes explicaron los actos previstos para la Jornada Mundial de Trabajo Decente y contra la Directiva de tiempo de trabajo.

Esta manifestación, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI), se realizará en más de 155 países, y en Extremadura tendrá lugar el próximo 7 de octubre en Badajoz.

En la reunión también estuvieron presentes los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa María Delgado y Anselmo Solana.

Sánchez Amor señaló que su grupo comparte el análisis que hacen los sindicatos y los apoya “totalmente”, ya que se trata de una normativa que pretende forzar a la parte más débil del ámbito laboral y que asuma el sacrificio de la situación, sobre todo en épocas de crisis.

“Es grave lo del aumento de la jornada de trabajo a 65 horas semanales, pero volver a que el trabajador no tenga el amparo de una negociación colectiva supone volver atrás un siglo”, sentenció el socialista.

Por su parte, Fernando Sánchez destacó que esta movilización tendrá connotaciones diferentes según en el país en que se lleve a cabo, ya que cada territorio tiene un nivel de protección laboral distinto, porque hay países en los que no existe el derecho laboral.

“En los últimos años, con las corrientes conservadoras que se están lanzando en Europa se está amenazando las garantías laborales y el estado de bienestar alcanzado hasta ahora en algunos países”, apostilló Sánchez.

En la misma línea, Nereo Ramírez recordó que hace un año hubo la Directiva Bolkestein, que consistió en que se podía contratar a los trabajadores con la normativa laboral del país de origen, y gracias a las movilizaciones sindicales de la Confederación Europea de Sindicatos se pudo parar, y “creemos que con esta va a pasar lo mismo”.

En la actual Directiva hay dos puntos “muy importantes”, aseveró Sánchez. En primer lugar, se quiere “cargar” la normativa laboral con el aumento de la jornada laboral hasta 65 horas semanales y, en segundo término, poder ser negociado entre empresario y trabajador, por lo que se pierde el aspecto de negociación colectiva, de convenios colectivos y de diálogo social.