El secretario general de la Consejería de Cultura declaraba que la petición de su comparecencia no se debe a las "irregularidades" que el PP denuncia, sino que el motivo es "atacar" los proyectos de la Junta de Extremadura para que no se conozca "la proyección exterior de Extremadura".

El suplemento cultural que publicó el diario El País, que se hizo por un valor de 203.000 euro, explicaba Sánchez Moruno, tuvo una difusión de más de 457 mil ejemplares que se difundieron por toda España, motivo por el cual decidieron dar el visto bueno a su realización.

Por ello, el Grupo socialista, espera una explicación del PP ante las supuestas "irregularidades" de las que les acusan, ya que los informes técnicos y de fiscalidad son correctos.

OPINIÓN DEL PP

Por su parte, el diputado del Grupo Popular, señaló que la consejería no utilizó el procedimiento más adecuado para adjudicar el contrato. Así, se refirió al artículo 75 de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, que reza que los órganos de contratación utilizarán normalmente la subasta y el concurso como forma de adjudicación, mientras que el negociado sin publicidad se destinará a determinados casos que, bajo su punto de vista, no se corresponde con la adjudicación de dicho suplemento promocional.

Según indicó la impresión y difusión de un monográfico de estas características "lo puede hacer muchas empresas en España".

Apuntó que está de acuerdo con que el procedimiento de adjudicación "puede ser correcto", aunque matizó que aún no ha recibido el expediente para comprobarlo, y que reclamó "antes del verano". Sin embargo, insistió en que la Consejería de Cultura "no debería haber utilizado el procedimiento del negociado sin publicidad".

A modo de ejemplo, indicó que lo ocurrido con esta contratación es similar al caso de un conductor de un vehículo que circula "perfectamente" por la derecha, a la velocidad adecuada, con las luces de cruce porque es de noche, pero sin embargo lo hace por una vía de sentido contrario.

En conclusión, indicó que no debería haberse utilizado el procedimiento del negociado sin publicidad porque la consejería "no tenía ninguna razón jurídica ni ninguna base legal para hacerlo, porque no se encuentra entre ninguna de las excepciones que marca la Ley".

Estas excepciones, según relató, se refieren a servicios para los que no se puedan promover la concurrencia en la oferta; cuando haya una imperiosa urgencia; en el caso de aquellos declarados reservados o secretos; los de valor inferior a 30.000 euros; los anunciados a concurso que no se adjudiquen por falta de licitadores; y los relativos a la prestación de asistencia sanitaria.