Comisión de Igualdad y Empleo de la Asamblea de Extremadura

Así lo manifestó Tortonda en la reunión de la Comisión de Igualdad y Empleo del parlamento autonómico, en la que preguntó sobre las razones por las que la Junta aún no ha decidido la ubicación de los albergues de trabajadores temporeros en la provincia de Badajoz.

La encargada en contestar fue la directora general de Inclusión Social y prestaciones, Concepción Arroyo, que al principio de su intervención hizo una serie de apreciaciones. En primer lugar y relativo a los temporeros inmigrantes, recordó que existe un procedimiento para que trabajen en la región, que está regulado fundamentalmente por la Ley de Extranjería de 2000, que establece que aquellos trabajadores temporeros inmigrantes que vengan a España deben cumplir una serie de requisitos, además de decir que los empresarios que los contraten tienen la obligación de prestar el alojamiento.

irectora general de Inclusión Social y prestaciones, Concepción Arroyo, en la Comisión de Igualdad y Empleo de la Asamblea

En segundo lugar, se encuentran los trabajadores temporeros de terceros países, pero que sean residentes legales en España y que se desplacen dentro de la región o de otras comunidades autónomas. Y en tercer lugar, están los trabajadores temporeros miembros de la Unión Europea (UE).

En los dos primeros casos, es obligación de los empresarios prestarles el alojamiento, y en el tercer caso, como miembros de la UE tienen los mismos derechos que cualquier trabajador, sea temporero o no.

Además, la directora general aseveró que un caso particular es el de los trabajadores rumanos y búlgaros, ya que si bien es cierto que son miembros de la UE, también es verdad que existe una moratoria respecto a trabajadores de estos países, moratoria que se llevó a cabo de acuerdo al consenso social donde estaban las organizaciones agrarias, los sindicatos y el Gobierno.

Esto implica que los trabajadores rumanos y búlgaros a efectos laborales deben seguir el mismo procedimiento que cualquier extranjero no comunitario, y están sometidos igualmente a la Ley de Extranjería.

En la misma línea, la directora general explicó que desde mediados de 2007, se empezó a constituir en la Delegación del Gobierno una Comisión de Trabajo, en la que estaban representados la propia Delegación, sindicatos, organizaciones agrarias, Ayuntamientos, Sexpe y la Dirección General de inclusión Social, donde se fue analizando los problemas que se pueden encontrar en el desarrollo de esta campaña, primero en la de la fruta y después en la de la aceituna y la uva..

La conclusión en esas mesas de trabajo fue que no se necesitaba mano de obra extranjera, de tal forma que la Delegación del Gobierno ofreció que con tiempo y con previsión si se preveía que se iba a necesitar mano de obra extranjera, “nos pusiéramos a trabajar para pedir un contingente, pero finalmente no se acudió al contingente”.

Comisión de Igualdad y Empleo de la Asamblea de Extremadura

En el caso concreto de la provincia de Badajoz, Arroyo informó de que se está trabajando de forma muy intensa con los Ayuntamientos de Santa Marta de los Barros, Arroyo de San Serván, Valdelacalzada, Puebla de la Calzada, o Almendralejo, todos ellos reciben una subvención, a través del Fondo para la Integración de Inmigrantes, de tal forma que en 2008 se ha gestionado dos millones de euros para la integración de inmigrantes, y se ha invertido fundamentalmente en la zona de Tierra de Barros, porque es la zona que presentaba una mayor afluencia de inmigrantes.

En su turno de réplica, Tortonda manifestó que en la zona de Barros lo único que se ha hecho por parte de los Ayuntamiento ha sido presentar una ordenanza municipal para prohibir las acampadas ilegales y la Junta no ha hecho nada más.

En cuanto a que son los empresarios los que tienen que dar esos alojamientos, Tortonda explicó que en el artículo 41 del Convenio del Campo se dice que el empresario deberá facilitar al trabajador que resida en la finca una vivienda en unas condiciones dignas, “pero no dice nada de trabajadores eventuales”, puntualizó.

La popular justificó su pregunta diciendo que el Gobierno regional en los Presupuestos Generales para 2008 tenía presupuestado 812.000 euros para el alojamiento de temporeros, y “desde luego nunca se explicó que esos alojamientos iban a depender de que los empresarios estuviesen o no a favor de la construcción, para 2009 y 2010 tenían presupuestada la misma cantidad”.

En la misma línea, la popular afirmó que “la Junta sabe que en Extremadura no se pueden hacer contrataciones en origen porque lo tienen prohibido”, y añadió que “esa Comisión ha decidido que aquí no se puede hacer contrataciones en origen, ya que ustedes no quieren que en la región se contrate de manera legal, ustedes están poniendo todos los impedimentos para que aquí no se pueda contratar mano de obra legal”.

Además, Tortonda subrayó que en este tema hay que ser responsable y la Junta “ha echado balones fuera y ahora resulta que son los empresarios quienes tienen que decidir si les van a dar el alojamiento o no; la Administración tiene responsabilidad en este tema y como responsabilidad se tendría que haber puesto manos a la obra y por lo menos decidir dónde se quiere construir esos albergues de temporeros, independientemente si después los empresarios tienen que pagar o no”.