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Antonio Vélez
Terrenos de Carcesa: un grave asunto
Antonio Vélez Sánchez. Ex –alcalde de Mérida   
06 jul 2005 actualizado 23:58 CET :: Leído 368 veces
La venta de parcelas en El Prado, por parte del Ayuntamiento de Mérida, para construir viviendas, apoyan decisivamente los argumentos contrarios a los contenidos de la  operación recalificadora de suelo que, sobre los terrenos de Carcesa, ha aprobado el equipo de gobierno del municipio emeritense y posteriormente refrendado la Comisión Regional de Urbanismo.

La prueba que clarifica y demuestra el brutal alcance económico de este asunto y sobre el que el gobierno municipal no ha demostrado una conveniente y obligada defensa  de los  intereses generales es la siguiente: El Ayuntamiento convocó un concurso para vender parcelas en la zona residencial de la finca de propios de El Prado - es decir bastante mas alejados de la Ciudad que los de Carcesa – en los que, lógicamente, se podían construir viviendas. Dos empresas, una madrileña y otra emeritense, han ofertado por cada parcela – donde se pueden construir  unas doscientas treinta viviendas - el máximo posible de ese concurso, alcanzando un monto económico de mil doscientos millones de pesetas. ¡¡ Mil doscientos millones de pesetas para poder construir  doscientas treinta viviendas ¡¡.

Es decir una repercusión de suelo para cada vivienda de cinco millones de pesetas. Ya el gobierno municipal consciente del valor del suelo en aquella zona  había fijado un precio de partida solo un diez por ciento del remate que es el que han ofertado las empresas. Tal vez cabria pensar que si no hubieran existido limites habrían subido la oferta para poder quedarse con el suelo donde construir después. Se supone que la empresa de Mérida conoce el mercado de viviendas de la ciudad hasta el extremo de ofertar mas de cinco millones de pesetas de repercusión de suelo por vivienda. Y el Ayuntamiento – esta claro – también.

Traslademos a los terrenos de Carcesa estos números y entenderemos fácilmente que los ciento veinticinco mil metros cuadrados netos que se “entregan” a unos constructores privados -- con la bendición del Ayuntamiento y la Comisión Regional de Urbanismo – para construir novecientas viviendas además de treinta y tres mil metros de edificabilidad neta para hoteles, centros comerciales, equipamientos y otros, no valdrían menos de seis mil millones de las antiguas pesetas, dinero que se obtendría por simplemente intermediar  la venta de ese inmenso tesoro de suelo edificable en la margen izquierda de la ciudad con su esplendoroso río de por medio.

Y en terrenos que en su día fueron del común de los emeritenses como propios de la finca del Prado.¿Y a cambio de que ? Pues a cambio de hacer una factoría para Carcesa en el Polígono Industrial - con la que todos estamos de acuerdo - para la que han fijado un precio de dos mil quinientos millones de pesetas. O sea que si esos terrenos simplemente se intermediaran a terceros – de “guante” se llama esa operación en argot especulativo – los beneficiarios de los mismos ganarían tres mil quinientos millones de pesetas.

Esto resulta sencillamente escandaloso porque no se entiende que quienes saben sobradamente del valor de las cosas – lo demuestra el precio de las parcelas antes aludidas – maquinen en este caso para cambiarlo en favor de intereses privados, sin defender, como era su obligación, los de la mayoría.
   
Llegados a este punto convendría recordar que existe un fuerte debate sobre los precios de las viviendas  y en el que muchos expertos coinciden en la incidencia del suelo sobre el precio final y también en la necesidad de que los Ayuntamientos y otras instancias publicas intervengan para atemperar esos costos al tiempo de frenar las tentaciones especulativas. Sin embargo en Mérida se plantean soluciones para jóvenes a considerable distancia del perímetro urbano, como es el caso del antiguo Club militar, en el camino de Casa Herrera, que significa en cierto modo un “gueto” por su aislamiento del resto de la población y no se considera, por el contrario, que los espacios de Carcesa podrían contemplar el asentamiento de esos colectivos con viviendas de Protección Oficial y de Promoción Publica, tal como se ha hecho en los antiguos terrenos de Corchera.


Y es que los colectivos generacionales deberían  mezclarse y no separarse. Lo contrario conduce a espacios ciudadanos apagados, tristes, sin niños, demasiado aburridos y mortecinos.

Era muy importante que el Ayuntamiento de Mérida hubiera actuado en este asunto de otra forma y no apoyando, casi exclusivamente, a intereses privados que van a hacer su gran “agosto”. Porque claro para que esas plusvalías se hayan producido sobre terrenos que eran industriales y por lo tanto de un valor muchísimo mas bajo se han tenido que recalificar, incorporando al asunto decisiones políticas, evidentemente desacertadas. Y ya no existen dudas del pelotazo que están favoreciendo a la vista del precio al que han vendido, nuestros gobernantes municipales, las parcelas residenciales de El Prado.

En Carcesa se podría haber obtenido el treinta por ciento de aprovechamiento medio – es decir lo que recibe el Ayuntamiento de edificabilidad neta - y no solo el diez que es el mínimo que la ley contempla, o transferir ese aprovechamiento a viviendas de un marcado carácter social por el derecho moral -  y la obligación también – que otorgaba esos terrenos por su origen.


A veces uno emite opiniones sobre las cosas de la Ciudad, juicios también sobre la gestión de los gobernantes, y recibe respuestas virulentas cuajadas de ataques personales. Con esta actitud avalan mi creencia de que aquí pudieran existir aguas turbulentas o de que algo huele a podrido en Mérida. De lo contrario no puede entenderse como se está resolviendo esta recalificación pues no parece  que el poder mire a los intereses de la inmensa mayoría sino todo lo contrario. Y parecería normal, si esto no se reconduce, que la Fiscalia Anticorrupción tuviera conocimiento de estos hechos para que actuara en consecuencia, pues no es normal que siendo el suelo residencial y terciario tan caro para todos se convierta en casi regalado para algunos.
     
Hace unos días, en un acto publico, el Portavoz Socialista decía que el tema Carcesa no podía justificarse solo con el chantaje de los puestos de trabajo. Todos estamos de acuerdo en mantener los trabajadores en la nueva factoría. El asunto es lo que se da a cambio, con una decisión recalificadora que modifica los usos de esos terrenos aumentando astronómicamente su valor. Y de ello debería haberse favorecido mucho mas el Pueblo de Mérida.

Porque muchos creemos que este  asunto es posiblemente el mas grave, por escandaloso, que tiene esta Ciudad encima de la mesa. Porque habiendo controlando una parte importante de ese suelo se podrían haber atendido muchas buenas intenciones a favor de la parte mas débil de nuestra sociedad, o sea los colectivos con menos rentas. Y ese control resulta, en lenguaje progresista, obligado.

Lo lamentable de todo esto es que el poder hace de su capa un sayo y responde con otras cuestiones o con descalificaciones personales. Debería explicar con rigor porque no ha forzado unas contrapartidas mucho mas fuertes para el pueblo de Mérida. Y que no responda con el intento de recalificación de finales de los ochenta, cuando ni existía ‘boom inmobiliario’ y casi todas las viviendas eran de V.P.O.

Aun así, entonces se pactaron unas condiciones excepcionales con cesiones al Ayuntamiento de suelo para construir trescientas cincuenta viviendas – el treinta por ciento de aprovechamiento neto – mas la rehabilitación de los edificios nobles de la factoría para uso cultural aparte de las cesiones de suelo para equipamientos y sistemas generales. Como aquello no pudo ser no es evaluable mas que en la intención. Lo de ahora si es medible y lo que se desprende del resultado es tremendamente decepcionante.¡¡ Pobre Mérida ¡¡

 
 
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