Qué duda cabe que los hechos acaecidos en el colegio Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata no son extremadamente graves si nos limitamos a valorar los daños físicos que han sufrido dos profesores de parte de familiares de un alumno, pero ¿y los daños morales a los agredidos y a todo el colectivo?

Afortunadamente algunos sindicatos conseguimos convencer a los responsables de la Consejería de Educación de la urgencia de llegar a un acuerdo en el que todas las partes implicadas en el proceso educativo nos comprometiéramos a buscar soluciones efectivas.

Así llegamos, tras duras y complicadas negociaciones, al siete de noviembre de dos mil seis, día en que firmamos un ambicioso compromiso social por la convivencia que contemplaba entre otras medidas la creación de un observatorio regional de convivencia en el que son piezas insustituibles padres, profesores, alumnos y administración, un protocolo de actuación inmediata en caso de conflicto, planes de convivencia en cada centro educativo, protección y asistencia jurídica, etc.

Algunas voces, en este caso de otro sindicato que trataba de pescar en ríos revueltos, se alzaron para denostar este compromiso argumentando que era un gesto de cara a la galería, y que nada conseguiríamos.
Como la realidad es más terca que la necedad y acaba colocando a cada uno en su sitio, pronto ha venido a darnos la razón a quienes optamos por el camino del diálogo y del compromiso.

Inmediatamente que ha surgido el problema en el colegio de Navalmoral, los sindicatos hemos acudido a ofrecer a los compañeros nuestro apoyo y nuestra solidaridad, como no podía ser de otra manera, pero ¿cómo ha actuado la Consejería? ¿Ha estado agazapada como en otras ocasiones esperando a que el problema se vaya diluyendo?

En esta ocasión se ha portado y nos alegramos por ello. Inmediatamente que se produjeron los hechos la administración educativa (y el propio Presidente de la Junta) se solidarizaron con los profesores agredidos, poniendo a disposición de ellos mismos y del centro los servicios jurídicos de la Junta, además de poner en marcha las medidas acordadas.

Hoy los profesores extremeños se sienten un poco menos indefensos, y eso es muy importante para un colectivo que año tras año viene soportando una cantidad de trabajo y responsabilidades excesiva y que no observa el reconocimiento social de la labor docente.

Los profesores están expectantes ante la postura de la fiscalía en el caso del colegio Campo Arañuelo, pues entienden que ésta debe actuar de oficio y considerar a los profesores como autoridad pública (prestan sus servicios en centros públicos), por lo que la condena a las agresoras deberá ser la que está recogida en el artículo quinientos cincuenta y uno del código penal (entre uno y tres años e cárcel).

El primer paso ya está dado. Ojalá sea firme y abra camino.

_{Adrián Vivas Galán (Presidente Autonómico de CSI-CSIF Enseñanza)}